La Asamblea Nacional del Parlamento aprobó la Ley de la Fiscalía General de la República, tras ser debatido su proyecto durante un amplio proceso de consultas desde la base y presentado en el décimo período de sesión ordinaria de la IX Legislatura, que concluye este miércoles en el Palacio de Convenciones de La Habana.
En presencia del General de
Ejército Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la nación, Yamila Peña,
fiscal general de la República, explicó que, para confeccionar y enriquecer el
texto ahora concluido, en el 2020 se creó un grupo de trabajo.
Especialistas de la Fiscalía, del
Tribunal Supremo Popular, los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de la Unión
Nacional de Juristas de Cuba y varias universidades integraron el equipo y
realizaron la búsqueda de los referentes doctrinales históricos y legislativos
del país y de otras regiones del mundo.
Se examinaron leyes, decretos-leyes
y disposiciones normativas dictadas por la fiscal general de la República, y estudiaron
leyes de fiscalías generales, procuraduría y ministerios públicos sobre
aspectos relevantes, como principios, objetivos, funciones, organización
estructural, su relación con la de estos órganos, cuestiones negativas a su
carácter de unidad orgánica, indivisible, independencia funcional y el
ejercicio de la acción penal pública.
Se revisaron y tuvieron en cuenta
las recomendaciones de trabajo de investigación científica realizados por
profesionales del órgano, resultante de estudios académicos de posgrado,
diplomados y especialidades en la Escuela Superior de Cuadros del Estado y el
Gobierno y el Colegio de Defensa Nacional.
Una de las tareas de mayor
importancia fue asegurar un amplio proceso de consulta en el que intervinieron
los trabajadores de la Fiscalía, representantes de órganos del Estado,
organismos de la Administración Central del Estado, académicos, expertos en
marxismo y diputados de la Asamblea Nacional, comentó Peña.
Entre los aspectos más debatidos
mencionó los principios y su conceptualización, los objetivos en que se
sustenta la actividad de la Fiscalía, sus funciones y atribuciones de los
cargos, y la autoridad para designar a los fiscales de la institución.
A decir de Peña, la nueva
normativa asegura respaldo legal a las atribuciones del fiscal general,
relaciona las de los fiscales, establece deberes y derechos, protección y
garantía del cargo, un lugar predominante para la conducta ética y buenas
prácticas.
Perfecciona pronunciamientos del
fiscal, plazos para responder solicitudes de cooperación, asistencia y
requerimientos, consecuencias de su incumplimiento y establece un sistema de
tránsito promocional para fiscales y otros cargos, relativo al ingreso,
permanencia, traslado, promoción, formación, desarrollo, atención,
estimulación, evaluación del desempeño y cese.
Asimismo, regula la práctica
institucional en materia de aplicación y desarrollo de la ciencia, la
innovación, uso de tecnologías de información y comunicación,
telecomunicaciones, y respalda procesos de superación y capacitación de
posgrado que realiza la Escuela Nacional de la Fiscalía General de la República.
Peña señaló que la norma
incorpora relaciones de trabajo con órganos, organismos e instituciones,
entidades y organizaciones; cooperación e intercambio con fiscalías,
procuradurías generales, ministerios públicos, órganos jurisdiccionales
instituciones y organizaciones jurídicas extranjeras, y para la asistencia
jurídica internacional.
La nueva ley se estructura en seis
títulos, 17 capítulos, 41 secciones, 121 artículos, dos disposiciones
transitorias y cuatro disposiciones finales. (ACN)