Al momento fundacional asistieron Teresa Amarrellé
Boué, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC); José Luis
Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y José Alexis Ginarte
Gato, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, entre otros representantes
de la Fiscalía, el Tribunal Supremo y la Organización de Bufetes Colectivos.
Sobre las atribuciones de la nueva dirección, la
secretaria general de la FMC la definió como la materialización concreta de la
manera en que Cuba asume la máxima constitucional del Estado Socialista de
Derecho y Justicia Social.
Amarrellé Boué valoró que el suceso constituye un
ejemplo palpable de la voluntad política del Gobierno de la mayor de las
Antillas por fortalecer las estructuras y mecanismos responsables de garantizar
el respeto a los derechos de los ciudadanos y dar respuesta a una serie de
desigualdades y condiciones de vulnerabilidad sin cabida en el proyecto cubano.
El joven jurista Alejandro Redondo Ramos, promovido
al frente del organismo, detalló que este viene a concentrar en una figura los
roles desempeñados en el pasado por otras instituciones encargadas de la
impartición de justicia como la Fiscalía General de la República y el Tribunal
Supremo Popular, entre otros.
Precisó que la Defensoría se empleará como recurso
legal con especial énfasis en la protección de la infancia, de las personas de
la tercera edad o en situaciones de vulnerabilidad, a víctimas de las distintas
manifestaciones de violencia u otras circunstancias que pudieran derivar en
tratos discriminatorios e incumplimiento de garantías.
En correspondencia a esos acometidos, insistió en el
factor humanista que debe acompañar a quienes la desempeñan para encarnar los
intereses y tutela de los defendidos en el entorno civil, familiar, laboral y
mercantil, donde se pueden suscitar procesos en los cuales existan situaciones
de vulnerabilidad y donde debe primar la sensibilidad.
Con ese criterio coincidió el doctor en Ciencias
Jurídicas Leonardo Pérez Gallardo, profesor titular de Derecho Civil y Notarial
de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, que calificó el
acontecimiento como un hecho trascendental el cual sitúa a Cuba unos pasos más
cerca del ideal de justicia para todos.
El especialista enfatizó en la necesidad de redactar
nuevas normas que arropen a la Defensoría en su proceder y de dotarla de una
estrategia comunicativa a través de la cual dar a conocer sus particularidades
entre la población destinataria de ese empeño.
Como servicio público, este será accesible a través
de los departamentos correspondientes en las direcciones provinciales de
Justicia, los cuales situarán profesionales en cada municipio del país, con el
requisito indispensable de que estos sean juristas, acotó.
La novedosa figura surge en correspondencia a los
estatutos derivados de la actualización de las leyes procesales, del Código de
las Familias y el de Litigios. (ACN)