La primera acción legislativa de la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular fue aprobar, el pasado 25 de mayo, la Ley de Comunicación Social.
Sobre el alcance de este texto, su significado e impacto para la sociedad cubana se habló este miércoles en La Mesa Redonda, con parte del equipo encargado de la confección de la normativa.
En el espacio, Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social, señaló que se trata de una ley moderna, que responde al mismo tiempo a una necesidad histórica del contexto cubano.
“La sociedad cubana ha asumido desde la gestión del gobierno y desde la labor del Partido a la comunicación social como un pilar de su gestión y del trabajo político ideológico. Estamos hablando también de un elemento indispensable para sostener la prosperidad y el desarrollo de la nación. Ante ese escenario se hacía imprescindible una normativa como la recién aprobada”, dijo.
La ley, compuesta por 19 capítulos, 107 artículos y dos títulos fundamentales, se nutre de la práctica comunicacional cubana de más de dos siglos y de importantes referentes a nivel internacional. También desarrolla con exactitud la comunicación en los ámbitos mediático, comunitario y organizacional, desde los entornos físico y digital.
“Nuestra Ley de Comunicación Social irrumpe en un escenario global convertido en un verdadero campo de batalla. En ese espacio de confrontación ideológica, el entorno comunicacional deviene plaza simbólica donde están presentes intereses de todo tipo y de todas las alineaciones políticas y sociales. En ese sentido, Cuba debe defenderse ante la guerra ideológica, subversiva y mediática que se nos hace con mucha fuerza”, señaló Castillo Corderí.
El objetivo fundamental de la ley es proteger los derechos de las personas a la información y a la comunicación que están contemplados en la Constitución de la República. Según Castillo Corderí, esta es una normativa democrática en su creación y en su proyección hacia el futuro, pues posibilita el ejercicio y desarrollo de los más de 10 derechos reconocidos en la Carta Magna, que pueden tener un ejercicio pleno a partir de la influencia y participación directa de la comunicación social.
"La comunicación debe comprenderse como un derecho habilitante, que permita que los ciudadanos asuman y conozcan sus prerrogativas, que las interioricen, las concienticen y estén en capacidad de demandar su vigencia. Por supuesto, todos los derechos tienen sus límites y, en este caso, los límites para nuestra sociedad están establecidos en el Artículo 45 de la Constitución”, aclaró el experto.
Más de siete mil personas participaron en el proceso de discusión de la norma. Entre ellos, profesionales del arte, el periodismo, la comunicación social, la Academia, entre otros, lo cual hizo que se afianzara más en la ley el espíritu de la participación popular, el diálogo ciudadano y el protagonismo de los individuos en la transformación de la sociedad.
Al decir de Castillo Corderí, el funcionamiento del sistema de comunicación social en una sociedad no puede dejarse a la espontaneidad de los ciudadanos. Debe existir una configuración normativa que lo regule, y es lo que está haciendo Cuba, como parte de una dinámica pautada por las nuevas tecnologías y como respuesta a los reclamos de muchos años de sus comunicadores y periodistas.
Comunicación: también en las comunidades y las organizaciones
“Había una concepción mediática de la comunicación que ha quedado superada con esta ley y con el proceso de desarrollo que ha experimentado el país en los últimos años”, afirmó Humberto Juan Fabián Suárez, vicepresidente primero de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales.
La ley pone en el lugar que corresponde a las organizaciones dentro del sistema de comunicación y ordena, a partir de lo que establece la Constitución, que los funcionarios públicos están obligados a ofrecer información de conocimiento colectivo.
También dejó en claro que la gestión de los procesos comunicacionales tiene que alinearse con los objetivos estratégicos de las organizaciones. “La ley define algo que sigue siendo un problema en algunas entidades: la gestión de la comunicación interna. Se debe mejorar el clima laboral, fortalecer la cultura organizacional, entre otros factores”, destacó el experto.
En cuanto a la comunicación comunitaria, la normativa apunta dos dimensiones: el reconocimiento de la comunidad como las personas unidas por determinados intereses y objetivos, y la comunidad entendida desde la perspectiva geográfica.
“La ley mandata a las asambleas municipales, a los consejos populares y a los consejos de la administración a establecer un grupo de acciones para hacer efectivo el trabajo comunitario, que tan importante es. Para ello hay que construir diálogos y consensos, teniendo en cuenta que en la comunidad confluyen también las organizaciones y los medios”, dijo Fabián Suárez.
¿Cómo impactará la ley en los medios de comunicación?
Imagen: Archivo.
Jorge Legañoa, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, recordó que en los años 80’ se estudiaba una Ley de Prensa solo para los medios de comunicación, y hoy hablamos de una ley que es para toda la sociedad. “Se debe incluir lo comunitario, lo organizacional, el ciberespacio... porque en esta época de convergencia si lo vemos como forma y no como contenido, se está errando el tiro en materia comunicacional”.
A criterio de Legañoa, esta ley es una fortaleza para los periodistas cubanos y también para los comunicadores y la Academia. “Lo que tenemos es un instrumento para trabajar, una herramienta para ir todos los días a hacer un mejor periodismo y profundizar en la transformación del sistema de medios de comunicación”.
Ya contamos con ese sistema en las manos, insistió el periodista. “Tenemos la regulación, pronto se publicará en la Gaceta y contaremos con los decretos que regulan esa ley”.
Con la divulgación constante de noticias falsas, desde que se aprobó la Ley de Comunicación por la Asamblea Nacional del Poder Popular, estamos viviendo, según el vicepresidente de la UPEC, una campaña para engañar al pueblo cubano sobre el alcance de esta normativa.
“Algunos la pretenden dibujar como una ley mordaza, de censura. Es una ley que abre el diapasón de la creación, en aras de un periodismo más profundo, de mayor investigación, donde participen todas las aristas de la comunicación. Le da derechos a los periodistas y la posibilidad de exigir a las fuentes”, dijo.
Según Legañoa, hay palabras que a lo largo del documento se repiten: veracidad, transparencia, inmediatez, oportunidad. “Pero no es solo para los periodistas, porque en el ámbito comunicacional se le está diciendo a las fuentes de información: ‘usted tiene que ser oportuno cuando un periodista o un medio de comunicación le pida una información. Tiene que ser veraz’.
“Eso ha sido un reclamo en los últimos congresos de la organización, porque estamos viviendo una época en el que el ciclo de la información es muy dinámico. Lo que hoy es una noticia, mañana está en el olvido”.
Para Legañoa, la urgencia es qué hacer en medio de un escenario donde priman las noticias falsas y la desinformación. “Por eso tenemos medios de comunicación ahora mismo en transformación, en el plano editorial, económico”.
En ese proceso tiene que existir primero una alfabetización comunicacional, dijo, y la ética es una de las variables principales. Además, señaló que este proceso educativo, mediático y comunicacional debe empezar desde edades tempranas.
“Estamos hablando de una ley que apunta a la seguridad nacional del país porque los más de 7 millones que tenemos conectados a Internet, actúan sobre plataformas que no son cubanas, con leyes de seguridad de otros países. Nuestros ciudadanos están expuestos a las regulaciones internacionales. Tenemos que ganar en la responsabilidad de las personas en el contenido que generan para cada una de esas plataformas”, apuntó.
Perspectivas desde la academia
La doctora Hilda Saladrigas, profesora universitaria y asesora de la rectora de la Universidad de La Habana, señaló que muchos expertos nacionales e internacionales acompañaron el proceso de elaboración de la Ley de Comunicación.
“Se logró algo con una cualidad superior porque unimos fuerzas entre académicos, profesionales y la población en general. Hay aportes de tesis de pregrado y doctorado de diferentes ramas del saber, no solo la comunicación”.
“La comunicación es un proceso pilar para la gestión del gobierno de este país, y ahora tenemos a dónde acudir si surge una duda. Es una ley que te respalda tus deberes y derechos como ciudadanos y como profesional de los medios”, explicó la especialista.
En este sentido, dijo que esa consuvilta la debe hacer el profesional que está confundido con determinado asunto, pero también tienen que hacerla los creativos de la comunicación audiovisual. “Es una ley que trasciende la prensa. Es una ley sombrilla que abarca a todos los que participan en el proceso y los ciudadanos que producen comunicación”.
Según valoró Saladrigas la normativa es el punto de partida, y ahora desde la Academia hay que seguirle la pista a esa letra escrita para que se lleve a la práctica, incorporarla a los planes de estudio y en las líneas de investigación de las universidades. Además, es importante buscar una innovación investigativa en esta época, donde existe tanta convergencia.
“Esta es una ley que subyace en todo su contenido el carácter educativo que tiene. Habla de la educomunicación y hay que proyectar los mecanismos para que sea una responsabilidad social y de las instituciones involucradas en el proceso. En la medida en que el ciudadano se aprenda de esta ley estaremos en mejores circunstancias para enfrentar esa avalancha del colonialismo cultural”.
Se está trabajando en la corrección de estilo de la norma para su publicación en la Gaceta Oficial de la República. Entrará en vigor 120 días después.