Cuba: avanza actualización de normas jurídicas para actores económicos

A dos años de la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), Cuba trabaja en un proceso de revisión y actualización de las normas jurídicas que rigen su funcionamiento.

Esa realidad, importante para el desarrollo económico del país, fue subrayada esta semana por el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, en la clausura del III Simposio Nacional de Asesoramiento Jurídico y Derecho Empresarial, que durante tres días sesionó en la capital de la nación caribeña.

Ello está en correspondencia con lo que establecieron las propias normas jurídicas, y en ese encargo labora un grupo de trabajo multidisciplinario, significó el jefe de Gobierno, en la fecha conclusiva del evento, que acogió el Palacio de Convenciones de La Habana y fue reseñado por el periódico Juventud Rebelde.

“Para nada habrá un paso atrás con esa decisión, existe un consenso en avanzar a partir del incremento de los actores económicos en el país. Pero en este proceso de actualización siempre habrá distorsiones que arreglar y conducir”, dijo Marrero Cruz,  ante más de 470 asesores jurídicos, consultores y abogados, entre otros profesionales del sector, cuyo “actuar influye prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad”.

Asimismo, aludió a algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el nivel de aprobación de las mipymes y los términos de tiempo en que se realiza.

Añadió que también se trabaja en la actualización de la lista de las actividades prohibidas para todos los actores económicos y se estudia la creación de dos instituciones: una para atender los actores económicos no estatales y otra para la empresa estatal socialista.

“Estamos convencidos que será para bien de todos; y eso lleva, por supuesto, una gran participación de ustedes por la responsabilidad en la implementación y control de las normas”, afirmó.

Precisamente, el asesoramiento jurídico a los nuevos actores económicos es uno de los grandes retos que existen en el país, al decir del jefe de Gobierno, quien ratificó que, “si algo siempre vamos a defender, es lo que expresamente está en la Constitución de la República: que el ente principal de nuestra economía es y será la empresa estatal socialista”.

En su intervención, se refirió a otros desafíos, como el asesoramiento a los Gobiernos municipales y provinciales, en el perfeccionamiento de los proyectos locales, de la contratación económica, la inversión extranjera, la administración pública, además de los servicios legales a las sociedades mercantiles.

Por eso, aclaró, los asesores jurídicos deben estar bien preparados profesionalmente y actuar con ética. “Reconocerles su protagonismo, participación y apoyo a los procesos de perfeccionamiento de nuestra sociedad, en lo que estamos comprometidos todos. El papel de ustedes en estos momentos complejos es clave”, destacó.

El jefe de Gobierno llamó a los participantes en el Simposio a continuar trabajando en la informatización de la actividad jurídica para lograr agilidad, transparencia, control y reducción de los trámites de la población. Además, valoró de positivo realizar estos encuentros, resaltó la calidad y diversidad de temas tratados en él y convocó a “socializar todo lo abordado durante estas jornadas”.

Intercambio por mejores servicios jurídicos

Posteriormente, el primer ministro sostuvo un encuentro con Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, quien cumplimenta una agenda de trabajo con el Ministerio de Justicia y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos del país caribeño.

Santiago Ollero reconoció la voluntad política para impulsar la gestión de las instituciones
que prestan servicios legales y la preparación de los profesionales del sector.
Foto: Estudios Revolución.

Durante el intercambio, se refirió a cómo en el país se labora para garantizar la transformación digital del Registro del Estado Civil, el de la Propiedad de Inmuebles, el Mercantil y la Actividad Notarial.

Además, ratificó el interés de trabajar de conjunto en la cooperación técnica para el desarrollo de softwares y aplicaciones informáticas.

Santiago Ollero reconoció la voluntad política para impulsar la gestión de las instituciones que prestan servicios legales y la preparación de los profesionales del sector.

Tanto en este intercambio como en el III Simposio Nacional de Asesoramiento Jurídico y Derecho Empresarial, estuvieron también Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, y Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.