Cuba mantiene su política de cero impunidad y tolerancia contra aquellos que subvierten el orden público, ponen en peligro la tranquilidad ciudadana y la vida de las personas, o pretenden sembrar inseguridad y miedo en la población.
Así lo demostraron las sanciones impuestas en juicio
público, a los autores de los hechos que, hace poco más de un año, lesionaron a una persona en la dirección
municipal de los Comités de Defensa de la Revolución en Centro Habana, tras
lanzar allí cócteles molotov, y acometieron una acción similar en el área que
conserva los expedientes del Tribunal Municipal Popular (TMP). Su tarea
comprendió también la colocación de carteles contrarrevolucionarios en otras
entidades locales.
Nuevamente, la incitación a la violencia llegó desde fuera,
con promesas de protección económica a las familias en caso de ser detenidos
-falsas, por cierto- de quienes difunden un claro llamado a acciones de esta
índole bajo el ilustrativo eslogan de Patria o Plomo. Así lo había revelado ya
el primero de los autores, detenido en aquel entonces.
Según la información ofrecida en el Noticiero Nacional de
Televisión, 30, 25 y 20 años de
privación de libertad fue la petición fiscal en el juicio para los acusados, en
correspondencia con el grado de responsabilidad y las circunstancias
agravantes.
De acuerdo con Yusedi Pérez Lovaina, presidenta del TMP
objetivo del ataque, es un hecho que conmocionó no solo a la institución, sino
al sistema de tribunales en general, porque acciones de esa índole no son, en
absoluto, comunes en Cuba, mucho menos cuando los jueces son personas de pueblo
que comparten el día a día de todos los cubanos.
La capitana Olaima Reyes Blancha, primera instructora de
Delitos contra la Seguridad del Estado, explicó que las investigaciones
revelaron que estos ciudadanos recibían pagos desde el exterior por la
realización de dichas acciones, dígase recargas telefónicas y otros pagos en
distintas ocasiones.
“Todo ello financiado por Manuel Milanés, Kiki Naranjo, Alfredo
González y Willy González, todos radicados en el exterior, mostrando así que
son terroristas, con el objetivo de desestabilizar el orden en Cuba, la
tranquilidad del país”, apuntó.
Se demostró también que los autores fueron preparados para
ejercer acciones de inteligencia como el estudio previo de los lugares
atacados.
Los resultados de la investigación, la contundencia de las
pruebas y la rigurosidad de las sanciones, demuestra que Cuba cuenta con todas
las herramientas jurídico-legales para hacer frente a hechos de este tipo, y
que no permitiremos que, bajo ningún concepto, proliferen o queden impunes.
Este juicio ha sido también un claro mensaje para quienes
creen que, pagando a elementos inescrupulosos, van a lograr remover los
cimientos de nuestro sistema social. (Tomado
del diario Granma)
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