La actividad jurídica en Cuba durante 2023 estuvo signada por acciones de control para velar por que se cumplan leyes procesales que invisten a la ciudadanía de facultades contempladas en la Constitución de la República.
En información compartida
a la Agencia Cubana de Noticias por el Tribunal Supremo Popular (TSP), se destaca
que esas normas responden a las
disposiciones recogidas en la Carta Magna en sus artículos 94 y 95, en las
cuales se refuerzan los derechos y garantías de la población, lo que posibilita
desplegar mayor calidad en el proceso penal.
Con respecto a la Ley del
Proceso Penal, se indica que, como valoraciones generales, se trata de una
legislación moderna, comprensible y práctica que permite la adecuación de la
legalidad en función del enfrentamiento al delito en sus múltiples
manifestaciones.
Para su correcta
aplicación, se ha insistido en la preparación intensa de magistrados, jueces,
fiscales, abogados, instructores, policías y otras fuerzas de la Ley y el orden
implicadas en la impartición de justicia, aunque señalan que persiste la
necesidad de continuar las capacitaciones, dado el carácter novedoso e integral
del texto.
El TSP subraya que, en el actual contexto, ante el incremento en la
incidencia y complejidad de los delitos y el número de denuncias en
tramitación, junto al aumento de diligencias y acciones investigativas para
cumplir las máximas del debido proceso, se demanda de mayor preparación de
investigadores e instructores penales para evitar la dilación prolongada de
algunos asuntos y demandas.
Por ejemplo, en el
período señalado, la Fiscalía General de la República determino la nulidad de
929 procesos, en su mayoría detectados en las fases preparatorias relacionados
con actos que requirieron de ser subsanados o repetidos.
Además, los tribunales
devolvieron a la Fiscalía el 33 por ciento de los asuntos recibidos,
principalmente en La Habana y Santiago de Cuba, a causa de la necesidad de
ampliar las investigaciones correspondientes, el restablecer quebrantamientos
de formalidades y la no correspondencia entre los hechos imputados y los
investigados, entre otros motivos.
Destacaron, asimismo, la
aplicación de la medida de la prisión provisional en la gran mayoría de los
imputados en hechos de mayor gravedad.
Se resalta, en este apartado, los delitos contra el ganado mayor, los
asociados al tráfico de drogas, los vinculados a la corrupción administrativa y
los que afectaron la disponibilidad de combustible.
Otras de las medidas
aplicadas conforme a lo establecido en el cuerpo legal, fueron la prohibición
de salida del territorio nacional en espera del esclarecimiento de los hechos,
la prohibición de acercamiento a las víctimas (principalmente en asuntos
relacionados con violencia de género) y la suspensión de licencias de
conducción.
Añadieron que, como resultado de la labor procesal durante el año, fue sancionado el 95 por ciento de las personas juzgadas, el 70 de estas con sanciones de internamiento, el 21 con penas no retentivas, el 9 con sanciones de multas, y el 0,3 con amonestaciones. (Redacción digital)