Teniendo en cuenta esa premisa, se actúa contra las violaciones y distorsiones, especificó el mandatario, quien intervino en los debates de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento).
Ese grupo evaluó la marcha de la bancarización de la sociedad a partir de un informe presentado por Juana Lilia Delgado, ministra-presidenta del Banco Central de Cuba y al frente del Grupo Nacional que conduce ese proceso.
Díaz-Canel afirmó que se está ante un asunto de importancia estratégica y con impacto en múltiples fenómenos, algunos urgidos de perfeccionar por las distorsiones presentes, de ahí que también elogió el carácter integral de su análisis por los diputados, a la par que, en su desarrollo, participan diversos organismos e instituciones, no solo bancarias o financieras.
Consideró que donde quiera que haya una desviación es porque alguna entidad estatal no ha actuado con responsabilidad, y explicó que, en el tercer período ordinario de sesiones del Parlamento, Manuel Marrero, primer ministro, ofrecerá una actualización sobre las medidas para corregir distorsiones y reanimar la economía cubana.
Entre las tendencias o irregularidades que hoy proliferan, mencionó varias asociadas a la bancarización, la evasión fiscal por algunos contribuyentes, el incremento del déficit fiscal a partir de la incorrecta relación entre el sector estatal y el no estatal, además de la no captación de todos los ingresos previstos para el Presupuesto del Estado.
Reconoció que hay déficit de divisas para la adquisición de bienes y servicios y enfrentar múltiples asuntos, pero no hay justificación para que problemas subjetivos, como la falta del necesario control y orden y el cumplimiento de las leyes, sigan entorpeciendo los esfuerzos del país por avanzar.
La solución no es cerrar establecimientos allí donde haya
desviaciones, sino poner orden y que exista un servicio con precios adecuados
para la población, aclaró Díaz-Canel.
Acotó que se trabaja en cómo perfeccionar el sistema de
planificación de la economía y la distribución de recursos, en medio del
enfrentamiento a tendencias negativas que conducen a delitos, ilegalidades y
actos de corrupción.
Criticó actitudes como el impago de las multas, las violaciones del Código de Trabajo en algunos negocios privados, la insuficiente actuación de los inspectores y demás instituciones responsables; a su vez, recabó del control popular en toda la batalla por la legalidad.
Indicó priorizar la bancarización en los establecimientos y actividades asociadas a la comercialización de alimentos destinados a la población, el transporte público, el sector agropecuario y los pensionados y jubilados.
En los debates, algunos diputados expusieron resultados
o experiencias de ese proceso en sus territorios.
Ejemplificaron cómo en no pocas formas de gestión -fundamentalmente privadas- hay resistencia al uso de los canales digitales de pago o, en lugar de la cuenta fiscal, recurren a la personal, como vía de burlar el fisco y no contribuir a los ingresos al Presupuesto.
Por ello, se habló de no solo actuar con medidas administrativas, como multas y cierres de establecimientos o negocios, sino también de promover acciones de capacitación y sensibilización, partiendo de que seas el Estado y sus instituciones los primeros en utilizar las plataformas electrónicas, en aras de disminuir el elevado efectivo en circulación y poner orden. (Redacción Digital, con información de la ACN)
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