El Gobierno de Cuba reconoce que las más recientes medidas de máxima presión implantadas por la Administración de Donald Trump harán mucho daño el pueblo de la nación antillana, pero jamás la pondrán de rodilla para someterla.
Esa firme convicción
resume una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del país
caribeño, emitida este 1ro. de febrero, a propósito de nuevas acciones hostiles
tomadas por la Casa Blanca.
Radio Ciudad de La Habana reproduce, a continuación, el texto íntegro de la declaración de la Cancillería cubana:
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
El 31 de enero de 2025, el
secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que comunicó al Congreso de los
Estados Unidos la revocación de la suspensión de la posibilidad de que se
presenten en tribunales estadounidenses demandas judiciales, a tenor del título
III de la Ley Helms-Burton.
Igualmente, aprobó la
restitución de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, con las que
entidades o personas en los Estados Unidos tienen prohibido realizar
transacciones, so pena de ser multadas y sus activos congelados. Informó la
decisión de añadir a esa lista a la empresa cubana procesadora de remesas,
Orbit S.A.
No son acciones inesperadas.
Son pasos que faltaban para deshacer las decisiones tardías, aunque positivas,
dadas a conocer por el presidente Joseph Biden, el 14 de enero pasado.
Este anuncio posiblemente
sea también la antesala de otras medidas que el equipo a cargo del tema Cuba en
este gobierno tiene diseñadas desde el año 2017 para poder endurecer aún más,
gratuita e irresponsablemente, el cerco contra Cuba en busca de nuevos y
evitables escenarios de deterioro y de confrontación bilateral.
El objetivo de las medidas
es intimidar a inversionistas extranjeros y evitar que contribuyan al
desarrollo económico de Cuba y el bienestar de los cubanos, mediante la amenaza
expresa de ser demandados en cortes estadounidenses. Es también cerrar todas
las fuentes de ingresos externos a la economía cubana en su conjunto; sabotear
criminalmente la capacidad de todos los actores económicos, públicos y
privados, de proveer bienes y servicios; y deteriorar aún más los niveles de
vida de la población afectada por el bloqueo y las medidas adicionales
impuestas durante el primer mandato de Trump, para crear irritación social y
desestabilización, y tratar de lograr el muchas veces soñado y nunca alcanzado
propósito de derrocar la Revolución con fines de dominación y escarmiento.
Estas acciones van
acompañadas de operaciones comunicacionales de desinformación y descrédito y
una poderosa maquinaria de manipulación en plataformas digitales, con el
propósito de responsabilizar a Cuba del impacto de las medidas criminales del
gobierno de los Estados Unidos, para que el mundo y el pueblo de Cuba no
reconozcan a sus verdugos.
Son esos mismos a quienes
los anima el compromiso contraído con familias reaccionarias y grupos
especiales de interés en los Estados Unidos y la Florida, que se benefician del
bloqueo a Cuba sacrificando el bienestar y amenazando hasta el sustento del
pueblo cubano. Estos políticos de hoy, son los mismos arquitectos de las
decenas de medidas adicionales al bloqueo que se pusieron en vigor entre los
años 2017 y 2021.
Desde la aprobación de la
Ley Helms-Burton en 1996 y hasta 2019, todos los presidentes estadounidenses,
incluido Trump en los dos primeros años de su mandato anterior, hicieron uso
consecutivamente de la facultad ejecutiva de suspender la aplicación del título
III cada seis meses, reconociendo que contraviene el Derecho Internacional y la
soberanía de otros Estados. También por comprender que su aplicación generaría
obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las
reclamaciones y compensaciones a los estadounidenses cuyas propiedades fueron
legítimamente nacionalizadas al triunfo de la Revolución.
Como resultado, desde 2019
se han presentado alrededor de 45 demandas en las cortes, fundamentalmente,
contra compañías estadounidenses. Estas han tenido que emplear dinero, tiempo y
energía para defenderse contra lo que expertos consideran una aberración
jurídica, con aspectos que la calificarían como anticonstitucional. Entre las
aberraciones más significativas, dicho título extiende su alcance a
propietarios que no eran ciudadanos de los Estados Unidos al momento de
producirse las nacionalizaciones y cuyas supuestas propiedades nadie ha
certificado.
Se trata de medidas que nada
tienen que ver con el interés nacional de los Estados Unidos, o los deseos de
gran parte de la comunidad empresarial en ese país que desean participar en la
economía cubana. Por el contrario, se vincula con los deseos trasnochados de
reconquista de los herederos políticos del dictador Fulgencio Batista.
Es una demostración de la
naturaleza corrupta con que opera ese gobierno de modo general y,
específicamente, de su objetivo de asfixiar económicamente a Cuba, causar daño
a nuestro pueblo, y pretender que renunciemos a las prerrogativas soberanas
cuya conquista ha costado tantos años, esfuerzos y vidas.
Con la reactivación del
título III, se completa nuevamente la aplicación en su totalidad de la Ley
Helms Burton, distinguida por su extremo alcance extraterritorial, por ser
violatoria de las normas y principios del Derecho Internacional, contravenir
las reglas del comercio y las relaciones económicas internacionales y por ser
lesiva a la soberanía de otros Estados, principalmente por la afectación de sus
disposiciones a compañías y personas establecidas en el territorio de estos. Ha
sido rechazada amplia, sostenida y casi unánimemente por la comunidad
internacional en las Naciones Unidas, organismos internacionales especializados
y organizaciones regionales. Varios países cuentan con leyes nacionales para
enfrentar los efectos extraterritoriales de esta ley.
El Gobierno de Cuba reitera
los postulados de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas
(Ley No. 80) y recuerda la decisión del Tribunal Popular Provincial de La
Habana, el 2 de noviembre de 1999, de declarar Con Lugar la Demanda contra el
Gobierno de los Estados Unidos por Daños Humanos sancionándolo a reparar e
indemnizar al pueblo cubano en la cuantía de 181 100 millones de dólares.
Posteriormente, el 5 de mayo de 2000, el Tribunal determinó los Daños
Económicos ocasionados a Cuba y sentenció resarcir a Cuba por valor de 121 000
millones de dólares.
Cuba ha reiterado la
disposición de hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas.
Las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con
estricto apego a la Constitución de nuestro país y en conformidad con el Derecho
Internacional. Todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de
compensación justa y adecuada, que el gobierno de los Estados Unidos se negó a
considerar. Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de compensación con otras
naciones que hoy invierten en nuestro país, como España, Suiza, Canadá, Reino
Unido, Alemania y Francia.
Asimismo, el gobierno cubano
denuncia y responsabiliza al gobierno de los Estados Unidos por las
consecuencias inmediatas que tendrá en todo el país la nueva medida contra el
derecho de los emigrados cubanos a enviar remesas y ayudar a sus familiares,
que ya sufren demasiado por el cerco recrudecido debido a la injusta y
fraudulenta inclusión de Cuba en la lista de Estados supuestamente
patrocinadores del terrorismo.
Cuba rechaza estas
decisiones, de manera enérgica, firme y categórica. Las asume como un nuevo
acto hostil y arrogante, y repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del
comunicado del Departamento de Estado, plagado de mentiras para tratar de
justificar lo injustificable.
A nadie podrán engañar con
sus falsos pretextos para tratar de justificar estos y futuros atropellos. Solo
lograrán reforzar el aislamiento y el rechazo universal que concita el abuso
bochornoso de los gobiernos de los Estados Unidos contra Cuba y su población.
Hacemos un llamado a la
comunidad internacional para detener, denunciar y acompañar a nuestro pueblo
frente a la nueva y peligrosa arremetida de agresión que apenas ha comenzado.
Harán mucho daño con sus
planes y medidas asesinas y cobardes, pero jamás lograrán su objetivo principal
de poner a Cuba de rodillas para someterla.
¡Cuba vencerá!
La Habana, 1 de febrero de
2025.
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