Vuelven a ser noticia los totales de migrantes indocumentados desde Cuba. Otra vez este tema esta relacionado con la ocurrencia de una crisis económica en el país y con el irrespeto a los acuerdos migratorios firmados entre Cuba y Estados Unidos. En la opinión pública estadounidense se percibe que el tratamiento a los cubanos constituye una singularidad que puede someterse a cuestionamiento.
Pero es importante entender contra qué telón de fondo suceden estos hechos y cuál puede ser la evolución del tema migratorio en aquel país en los próximos años.
Casi todos los políticos y estudiosos estadounidenses, que tienen una mirada permisiva y de aceptación frente al fenómeno migratorio desde el exterior, parten de un lugar común: Estados Unidos es un país de inmigrantes. Esa afirmación que nos parece magnánima, incluyente y hasta progresista, es en sí misma un sesgo a la historia.
El espacio que ocupa ese país hoy tenía población autóctona, que fue casi totalmente masacrada y despojada de su territorio. Este último fue convertido en mercancía, monetarizado y adquirido como fuente de la acumulación originaria, que permitió el desarrollo de un esclavismo voraz y un capitalismo avasallador.
Aclarado este antecedente debe recordarse que el impulso, la prioridad, los tiempos y las geografías del movimiento migratorio hacia Estados Unidos (y en el mundo en general) han estado determinados por factores puramente económicos, aunque de vez en cuando tengan un ropaje político y se utilicen para defender agendas y acceder a posiciones electivas.
La extensión de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) es vasta. La creación de colonias, dominios y estados requirió de una inyección de población que no era satisfecha solo con las tasas de natalidad de los residentes. Por generaciones, los trabajos más duros y peor pagados correspondieron a aquellos recién llegados que aceptaron cualquier remuneración para poder sobrevivir y asentarse.
La colonización estadounidense del extenso territorio del norte y noreste mexicanos, convirtieron en extranjeros en su propia tierra a millones de naturales de aquel país (y sus descendientes) que han recibido hasta hoy el tratamiento de ciudadanos de segunda clase.
Cada guerra contra enemigos fabricados por la narrativa imperialista creó sus propias salpicaduras de inmigrantes, desde los puertorriqueños y cubanos, hasta los vietnamitas, rusos, o iraquíes. Poco a poco, se fue cerrando el embudo y paulatinamente comenzaron a aprobarse normativas migratorias más restrictivas, en la medida en que actitudes criminales, o las altas tasas de desempleo fueron asociándose en el plano político con el arribo de extraños no autóctonos. Un italiano pobre del Sur de la península era culturalmente encasillado por la cultura social en el entorno de la Cossa Nostra, mientras que el científico alemán importado con visa preferencial en los años 40 del siglo XX no era necesariamente catalogado como un simpatizante nazi.
En momentos muy específicos, como el surgimiento de Berlín occidental, o los sucesos acaecidos en Hungría entre 1956 y 1958, las autoridades migratorias estadounidenses crearon dispensas para ajustar el estatus de ciudadanos de alemanes y húngaros, de forma excepcional y por un período limitado de tiempo.
A finales de los años 50 del siglo XX existían en Estados Unidos 125 000 cubanos radicando de modo permanente, mientras que otra cantidad grande pero imprecisa de cubanos viajaba con aquel destino por distintos períodos de tiempo, sin fijar residencia.
Cuando tiene lugar la Revolución Cubana son admitidos masivamente en Estados Unidos personeros del régimen de Fulgencio Batista, familiares, acólitos y servidumbre, que se estimaba que estarían allí solo de forma temporal, pues viajarían de regreso a recuperar sus posesiones, cuando Washington “resolviera el problema cubano”.
Para 1966, cuando la temporalidad se convirtió en permanencia, fue aprobada la Ley de Ajuste cubano, con el objetivo de regularizar el estatus migratorio de decenas de miles de cubanos. El “ajuste” debía hacerse en la condición migratoria de cubanos llegados entre el 1ero de enero de 1959 y el 2 de noviembre del 66, cuando era firmada la nueva legislación. Pero la puerta quedó abierta.
Los intentos de derrocar la Revolución cubana permanecieron en el tiempo, tanto como la disposición a darle tratamiento diferenciado al “daño colateral” migratorio de la agresión. Ningún otro grupo de inmigrantes en Estados Unidos recibió, ni recibe tal privilegio.
Con vista al ciclo electoral presidencial del 2016, en Estados Unidos había dos posiciones partidistas principales en cuanto a cómo regularizar la situación de 12 millones de personas indocumentadas que radicaban en el país. Vale aclarar que no existían, ni existen, diferencias esenciales entre demócratas y republicanos en cuanto a la forma en que se debe regular la concesión de visas en el exterior para garantizar el robo de cerebros, cazar talentos e importar selectivamente fuerza de trabajo para labores específicas, por períodos de tiempo determinados.
Los demócratas en los tres primeros lustros del siglo XXI habían garantizado un sólido apoyo electoral entre minorías inmigrantes, en particular hispanas, y habían visto cómo a través de cambios demográficos lograban cambiar el color de estados o ciudades, que habían sido tradicionalmente republicanas.
Los republicanos, por su parte, caminando por el estrecho espacio de tratar de brindar limitados espacios de acogida a los inmigrantes, pero nunca los derechos de la ciudadanía, veían con preocupación que un gran avance de sus rivales en el tema podría marcar diferencias en cuanto a registro de votantes, que definirían el resultado de muchas elecciones por venir.
El surgimiento de categorías sociales tales como los Dreamers (soñadores) o las propuestas legislativas como Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA, (Acción Diferida para el Arribo de Menores) fueron creando también una mística cultural en el sentido de que, en algún momento cercano, una parte de los indocumentados en Estados Unidos podrían ver realizados sus sueños.
Esa ilusión que saltó al cine, la radio y la televisión, ocultaba la realidad de que bajo sus ocho años de mandato el presidente demócrata Barack Obama repatrió la mayor cantidad de inmigrantes en términos históricos, al punto de que surgiera el apelativo de Deporter in Chief (Deportador en Jefe), en alusión a su condición de Commander in Chief (Comandate en Jefe) en términos militares.
Cuando parecía que la suerte estaba echada entre estas dos posiciones electoreras diferenciadas, apareció una tercera variante inesperada, la que propuso el trumpismo a partir de enero del 2017.
Con su discurso misógino y racista, sus campañas de odio, más que sus acciones concretas, Donald Trump persiguió un objetivo económico, de indudables consecuencias políticas, pero concebido desde su lógica empresarial: reducir el valor de la fuerza laboral inmigrante, y lo logró.
Si hasta ese momento inmigrantes que aspiraban a ser documentados para poder transitar a la ciudadanía y acceder a la capacidad de proponer y elegir, participaban en actos públicos, asistían a espacios asociativos, con el hostigamiento sufrido bajo el trumpismo se refugiaron literalmente en sus comunidades.
En sectores como el de la construcción, nutrido esencialmente por fuerza de trabajo importada, los salarios cayeron tanto como la capacidad del empleado de reclamar un aumento, ante la amenaza de ser separado de su entorno de forma inmediata y con carácter definitivo.
Sin embargo, el gobierno de Donald Trump asumió políticas particulares de hostigamiento contra tres países (Venezuela, Cuba y Nicaragua), que era de esperar que produjeran ellas mismas flujos migratorios significativos. De nuevo la política migratoria estadounidense mostró fracturas, incongruencias e incoherencias desde el punto de vista normativo más estricto.
Los flujos migratorios de esos tres destinos vieron registrar una preminencia estadística y política, sobre aquellos que hasta ese momento habían captado mayor atención de los medios: salvadoreños, guatemaltecos, hondureños.
A final del gobierno de Trump no estaba construido el Muro de México, estandarte de su cruzada anti inmigrante, ni mucho menos logrados los objetivos de intervención en Caracas, La Habana, o Managua.
Los primeros dos años de Biden en el tema migratorio se han movido entre las contradicciones de intentar rescatar la agenda obamista de pretender contar con más apoyo electoral entre comunidades de inmigrantes, sufrir a medias los efectos del fracaso de las recetas de cambio de régimen y, al mismo tiempo, tratar de reordenar el proceso de selección de inmigrantes calificados que necesita la economía estadounidense.
En el caso cubano, una vez más, una parte del ejecutivo estadounidense actuó de manera irresponsable (cierre de oficinas consulares, eliminación de vuelos regulares, incumplimiento de acuerdos migratorios) frente al flujo migratorio cubano, para finalmente recordar que es preferible asumir esta problemática mediante el uso de mecanismos mutuamente consensuados y que han mostrado su utilidad en el pasado. Al parecer, otro sector de las agencias federales va logrando imponer ahora su visión, de que mayor cooperación con Cuba proporciona más estabilidad en lo que llaman la frontera sur.
Hay, sin embargo, otros factores menos visibles que llaman al “orden”. Cuando los flujos migratorios hacia el interior de Estados Unidos sobrepasan los niveles previstos en los presupuestos, entonces escasean los fondos para diversidad de proyectos sociales. De pronto se producen coincidencias y acuerdos entre supuestos enemigos políticos, alcaldes y concejales republicanos coinciden con los propósitos de presidentes demócratas, o viceversa.
A pesar del actual histrionismo de congresistas floridanos de origen cubano, en el sentido de garantizar los derechos especiales de los que arriban desde la Isla y apoyan su agenda, hay una contradicción que no logran explicar: si los cubanos votan mayoritariamente del lado republicano y “huyen” del socialismo cubano, entonces por qué Hialeah, población con mayor densidad de habitantes de origen cubano en toda la Unión, es a la vez el principal lugar de los Estados Unidos en cuanto al registro de beneficiarios del Obamacare, programa que ofrece servicios de salud pública gratuita a costa del presupuesto federal y que es catalogado por sus oponentes como “socialista”.
El arribo de cubanos de forma no ordenada impide, por otro lado, a los caciques republicanos locales cobrar favores políticos y condicionar la llegada de los nuevos inmigrantes al apoyo de agendas que garanticen seguir desangrando las arcas presupuestarias, que llenan con sus impuestos los contribuyentes estadounidenses. (Tomado de Cubadebate)