Que desde el primero de enero los 168 municipios cubanos cuenten con su Presupuesto para 2023 y también con el Plan de la Economía, es un paso alentador: casi nunca estaban listos en tan temprana fecha y menos aún discutidos y aprobados por las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP).
Esta facultad concedida a los órganos locales rompe con el viejo
esquema de que los proyectos los aprobara el Consejo de la Administración a ese
nivel y lo elevaran a los Ministerios de Finanzas y Precios y de Economía y
Planificación, en aras de su aprobación final, por lo cual ahora los delegados
de circunscripción -incluso desde los Consejos Populares-, analizaron los
montos financieros y los objetivos del año.
La preparación de estos representantes del pueblo, muchos de ellos
elegidos por primera vez, resulta vital, habida cuenta de que en sus manos o
decisiones está -en gran medida- el éxito de la ejecución de la Ley del
Presupuesto del Estado aprobado en diciembre por el Parlamento, pero que hace
unos días ajustaron a las necesidades y potencialidades de sus respectivos
territorios. Ante los diputados, Meisi
Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, alertó que para 2023 se mantienen las
restricciones que impone el recrudecido bloqueo económico, comercial y
financiero estadounidense, el incremento de la inflación global -expresado en los
galopantes costos de las materias primas, insumos y productos importados-,
unido a la limitada capacidad para generar mayores ofertas de bienes y
servicios que permitan la recuperación del equilibrio monetario.
En medio de tan hostil escenario, son premisas fundamentales -y así lo
acordó la Asamblea Nacional- la reducción del déficit fiscal y el respaldo a servicios
básicos, como la educación, la salud pública, la cultura, el deporte, la
seguridad y asistencia sociales, además de la atención a la población
vulnerable y el desarrollo territorial.
En la última semana de 2022, en la primera sesión ordinaria del XVIII mandato,
cada Asamblea Municipal del Poder Popular definió dónde concentrar los recursos
financieros, qué programas priorizar, cómo concebir la atención a los más
necesitados, el uso de la contribución territorial y de qué forma captar
mayores ingresos y recaudación con vistas a dar cobertura a los gastos de
primer orden.
Por tanto, ese presupuesto debe estar en correspondencia con el Plan de
la Economía y la Estrategia de Desarrollo Territorial.
Como órgano superior del poder
del Estado a nivel local, además de aprobarlos, la Asamblea debe controlar su
ejecución, exigir al Consejo de Administración por su correcta materialización
y conocer en qué medida se generan los ingresos.
Todo ello supone supervisarlos desde las Comisiones Permanentes, en los
recorridos y contactos de los delegados con la población y las entidades.
Entonces habrá que velar por que las empresas y los restantes actores
económicos incrementen los niveles de producción de bienes y servicios, por ser
lo que genera más riquezas, de las que una gran parte de los montos monetarios se
destina, precisamente, al
presupuesto municipal, a la solución de muchos problemas acumulados.
También la exigencia hacia el cumplimiento de la disciplina tributaria
será prioridad en el calendario en curso, por lo cual, independientemente del
papel que le corresponde a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria
(Onat), resulta necesario dar seguimiento a las cadenas de impagos que tanto
afectan la economía.
A su vez, las AMPP deberán
trazarse como reto el uso más eficiente de los gastos corrientes en el sector
presupuestado, que se cumpla lo orientado en cuanto a la entrega de subsidios a
personas naturales para acciones constructivas en sus viviendas y que los
recursos provenientes de las recaudaciones de la Contribución Territorial se
destinen al desarrollo local.
Como bien señaló Rafael Ernesto Licea, presidente de ese órgano en la
Isla de la Juventud, la población y los delegados deben ganar en cultura
económica para, desde las localidades, lograr efectividad en el control
popular.
De manera que, con un presupuesto, plan de la economía y plan de desarrollo territorial ya en mano, aprobado y ajustado a las necesidades y potencialidades de cada lugar, solo resta trabajar por su ejecución eficiente, con enfoque integral y sin perder la brújula de justicia social. (Tomado de la ACN. Infografía: Parlamento cubano)