Profesionales de diversas especialidades del sistema sanitario cubano trabajan, desde 2019, en una nueva Ley de Salud Pública, cuyo anteproyecto será sometido a análisis en el primer trimestre de este año con trabajadores del sector, diputados y población en general.
La propuesta legislativa
fortalece el derecho a la terminación voluntaria del embarazo, pues, aunque
desde la década del 70 se garantiza el acceso a esa práctica en condiciones
seguras, no está enunciado como derecho de manera explícita en la Ley actual.
Entre los temas novedosos se
encuentran la reproducción humana asistida y la gestación solidaria, que,
además, permite el acceso a estos procederes a las familias homoparentales, en
concordancia con lo aprobado en el Código de las Familias.
Destaca también el reconocimiento de la eutanasia como el derecho de
las personas a una muerte digna, y como una forma de atención y cuidado
sanitario mediante un proceder médico.
No obstante, su implementación también requiere de una disposición jurídica
de rango superior.
Incorpora los conceptos de Una
Salud y de la relación del hombre con el Medio Ambiente, aborda la integración
de multidisciplinas, reconoce el aseguramiento económico-financiero planificado
de los servicios de salud e introduce postulados contenidos en los tratados
internacionales ratificados por el Estado cubano, refleja el sitio oficial del
Ministerio de Salud Pública.
En entrevista a Cubadebate, el equipo de Comunicación del Centro de
Educación Sexual (Cenesex) explicó que, con el objetivo de ofrecer una atención
médica con un enfoque de derechos, lo relacionado con el consentimiento
informado implicará cambios, al tener en cuenta la autonomía progresiva.
El documento establece el derecho
de las personas a no ser sometidas sin su consentimiento a exploración,
tratamiento o exhibición con fines docentes en cualquier tipo de asistencia
médica, incluida la ginecológica.
Ratifica a la salud pública como
derecho del pueblo, defiende las garantías constitucionales de las personas e
introduce la ética y los valores, como parte de la formación y el ejercicio de
la profesión.
Para la elaboración de la normativa funciona un grupo de trabajo
multidisciplinario e intersectorial, el cual incluye 27 representantes de
diferentes sectores, organismos de la Administración Central del Estado y
organizaciones de masas, lo cual permite contar con mayor diversidad de
criterios.
Asimismo, se trabaja en más de 50
normas para adecuarlas a esta legislación una vez aprobada.
La Ley 41 de Salud Pública data de 1983, y resulta necesario actualizarla de acuerdo a los contextos actuales, de manera que se puedan garantizar los derechos refrendados por la vigente Constitución. (Tomado de la ACN)