Cuba desarrolla la operación Frontera segura, dirigida en lo fundamental a reforzar las acciones de obstaculización y de respuesta a las operaciones de tráfico de drogas de los principales orígenes.
Sobre el tema, se ahondó este
martes en el programa Mesa Redonda de la
TV Cubana, que abordó el enfrentamiento al narcotráfico internacional y al
tráfico interno de drogas en el país, así como también la labor preventiva
a nivel social y, especialmente, con los jóvenes.
Autoridades del
Ministerio del Interior (Minint), el Tribunal Supremo Popular, el Ministerio de
Educación y la Unión de Jóvenes Comunistas intervinieron en el espacio.
En el programa, el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe de la Dirección Nacional Antidrogas del
Minint, informó que, de conjunto con la Aduana General de la República, se
desarrolla la mencionada operación Frontera Segura.
Además, el Minint
perfeccionó y desarrolló los cierres a través de los puntos de control y los
puntos de carretera, con el objetivo de evitar el desplazamiento de la
delincuencia y de las drogas hacia las cabeceras provinciales y principalmente
hacia La Habana, señaló.
Entre otras acciones para combatir el flagelo, se mantiene la
preparación permanente a integrantes del sistema educativo y de salud pública
en función de la alerta temprana y la detección oportuna de estos hechos.
Por otro lado, existe un
elevado rigor en la política jurídico-penal y penitenciaria, con la permanente
preparación para la ejecución de las técnicas especiales, de conjunto con la
Fiscalía, a tenor con la nueva Ley de Proceso Penal.
Además, se cuenta con la
asistencia penal internacional para la captura y extradición de cubanos que
participan en actividades de operaciones de droga contra Cuba, recalcó el
coronel Poey Guerra.
Iliana Julia Gómez
Guerra, presidenta de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, del
Tribunal Supremo Popular, explicó que las conductas ilegales vinculadas a las
drogas están previstas en el Código Penal como delitos contra la salud pública.
Gómez Guerra aclaró que
se sanciona la tenencia y el tráfico, pero no a los consumidores.
Las sanciones para los traficantes discurren desde los cuatro a 30 años
de privación de libertad, prisión perpetua y también la muerte, en dependencia
del delito cometido, ya sea la fabricación, tenencia, tráfico, escamoteo de
recalos, posesión de semillas, entre otras actividades ilícitas.
También las sanciones son
más severas, si para la comisión del delito relacionado con la droga, se
utiliza una persona menor de 18 años de edad.
Así mismo sucede, si
estas actividades se realizan en instituciones educativas, deportivas,
establecimientos penitenciarios, centros asistenciales o en sus inmediaciones,
en áreas donde los niños acudan a realizar actividades deportivas, de estudios
o recreativas, pues hay que proteger a la infancia y la adolescencia,
puntualizó.
Desde hace más de 20 años,
el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dispuso la especialización
de los jueces para la tramitación y la solución de delitos vinculados a las
drogas, por su complejidad.
Son procesos que se tramitan siempre con celeridad, de acuerdo con la
política de tolerancia cero que mantiene el país, sentenció Gómez Guerra.
En el programa
televisivo, Eugenio González Pérez, vicetitular de Educación, refirió que,
desde 2019, la resolución ministerial 111 establece el procedimiento para
realizar el trabajo educativo-preventivo que, con carácter flexible, permite a
cada institución educativa ajustarla.
Esa resolución, explicó,
ofrece autonomía a escuelas, direcciones municipales y provinciales de
Educación, para la prevención y enfrentamiento de estos fenómenos, así como
también la rehabilitación.
González Pérez explicó que
la mayoría de los hechos en los cuales se involucran adolescentes y jóvenes
ocurren fuera de las instituciones educativas. Sin embargo, la escuela se integra en la labor con estos
muchachos, junto al grupo básico de trabajo.
El vicetitular de
Educación refirió que son vitales las estrategias educativas diferenciadas, dirigidas
al conocimiento y a potenciar otros aprendizajes relacionados con lo
socioemocional y los comportamientos.
Entre los principales retos, destacó la necesidad de contribuir a la elevación de la cultura del rechazo a las drogas, además de apoyar en la preparación de la familia y diversificar las estrategias comunicacionales para seguir alertando de manera oportuna. (Redacción digital. Con información de la ACN)