La Ley de Procesos permite enfrentar el delito en el país y garantizar mayor severidad, en correspondencia con los crímenes más graves, aseguró este lunes en La Habana Yamila Peña, fiscal general de la República.
Al comparecer en la reunión de la Comisión
Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, que antecede al Segundo
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento)
en su Décima Legislatura, Peña enfatizó en el alcance de la normativa para
ampliar la responsabilidad y protagonismo del órgano en la actividad judicial
en Cuba.
Explicó que esas disposiciones
legales han incidido en un examen más riguroso del cumplimiento de derechos y
principios del debido proceso por parte de los fiscales, quienes tienen la
potestad de ejercer el control judicial en los procesos y estar presentes en
las diferentes etapas de las investigaciones.
Esas acciones se extienden
también al trato diferenciado a las víctimas, las garantías de los derechos de
las personas detenidas y la preparación profesional para profundizar en el
conocimiento de la ley por parte de los fiscales para elevar y uniformar el
cumplimiento y calidad del debido proceso, agregó.
Sobre ese tema, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo
Popular (TSP), aclaró que ha requerido adecuaciones estructurales y funcionales
de los tribunales para estar a la altura de lo que implica la Ley.
Destacó que esa realidad obliga a los diferentes niveles del organismo
a trabajar mejor e insistir en la capacitación de los operadores del derecho en
la impartición satisfactoria de la justicia.
Remigio Ferro señaló que esta voluntad ha derivado en el
fortalecimiento de los vínculos entre los órganos judiciales y las salas
especializadas del TSP, que permiten afianzar espacios para la colegiación de
asuntos e intercambios de expertos para lograr respuestas más certeras y
uniformadas de la legalidad en los distintos casos que así lo requieran.
Autoridades de la Dirección General de Investigación Criminal del
Ministerio del Interior comparecieron para actualizar sobre la aplicación de
las leyes procesales en el enfrentamiento al delito.
Ello se traduce en los estudios
y análisis del cuerpo legal en los colectivos reforzados por la elaboración de
regulaciones complementarias en los modelos de actuación para la actividad
investigativa, ajustadas a las nuevas leyes, como la imposición de medidas
cautelares de la Prisión Provisional, la Prohibición de salida del país a los
imputados y el procedimiento ante el delito de Desobediencia.
Acotaron que también cuentan con un Grupo Interno del Ministerio del
Interior para elevar propuestas de modificaciones al TSP, en correspondencia
con los requerimientos actuales y el comportamiento de los índices de
criminalidad.
Participaron en el espacio Óscar Silvera Martínez, ministro de Justicia; José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, y otros representantes de las instituciones relacionadas con la temática. (Redacción digital)