El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba aprobó acciones
dirigidas a la contención de los gastos
en que incurren las entidades estatales, en sus relaciones económicas con las formas de gestión no estatal.
Ello está en consonancia con las proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, y teniendo en cuenta el alto nivel de inflación en el país durante los últimos años.
La Gaceta Oficial
Ordinaria nro. 57 publicó la Resolución No. 209 del 25 de junio de 2024,
del Ministro de Finanzas y Precios (MFP), que establece que las entidades
estatales, en el proceso de contratación económica con las formas de gestión no
estatal, para la adquisición de bienes y servicios, conciertan precios y
tarifas cuya tasa de utilidad máxima no
exceda del 30 por ciento sobre el total de los costos y gastos.
También alude a la cuantía que corresponda por la aplicación de los impuestos sobre las
ventas y los servicios.
La norma entrará en
vigor el 1 de julio y faculta a los consejos provinciales y de la
Administración municipales a aprobar los precios y tarifas máximas de los
bienes y servicios que seleccionen, de entre aquellos que adquieren las
entidades estatales provenientes del sector no estatal, teniendo en cuenta las
particularidades de cada territorio.
Al respecto, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y
Precios, declaró este jueves a medios locales que la Resolución 209 es la
expresión legal o implementación de una de las proyecciones de Gobierno relacionada con revisar todo el
ordenamiento de las regulaciones entre el sector estatal y no estatal.
Subrayó que, además, tiene que ver con la contención en los niveles de precios,
que han marcado un crecimiento y la inflación; es una medida con un alcance
sobre las relaciones de los sectores presupuestado y empresarial en la
adquisición de bienes y servicios provenientes del sector no estatal.
Estamos hablando de un margen de ganancia en los precios y
tarifas, un nivel de ganancia
significativo, razonable y beneficioso para aquellas formas de gestión no
estatal que presten un servicio, vendan productos o incluso suministren insumos
a las empresas estatales y unidades presupuestadas.
De acuerdo con el ministro, en los últimos tiempos ha habido
un marcado crecimiento de los pagos
que se realizan en el sector estatal hacia las formas de gestión no estatal, y
no siempre ello ha estado soportado en las regulaciones que, en materia
contractual, están establecidas en el país.
Nos referimos a la licitación, a la evaluación de las mejores ofertas a
partir de un estudio del mercado donde concurran en similares condiciones el
oferente estatal o el oferente no estatal, especificó.
En la administración
de estos recursos, ha habido debilidades, limitaciones en el uso de ese
presupuesto que, sabemos todos, se aplica con restricciones, y se hace para
proteger programas sociales priorizados en nuestro país, señaló el titular.
(Redacción Digital. Con información de la ACN)
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