Dirigida por el primer
ministro, Manuel Marrero Cruz, el
máximo órgano cubano de Gobierno acordó ejercer la iniciativa legislativa y
presentar al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) los
anteproyectos de leyes Del Sistema Deportivo Cubano; Del Régimen General de Contravenciones y
Sanciones Administrativas; Del Registro Civil, así como también
Del
Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.
De especial
significación resultó la aprobación del citado código que, de acuerdo con la explicación ofrecida por la ministra
de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, fue sometido a un amplio proceso
de consulta, para garantizar la confección de un texto final inclusivo,
integral y representativo, que refleje los derechos y perspectivas de niños,
adolescentes y jóvenes, además de la implicación de todos los actores
involucrados.
El código,
significó, tiene por objeto propiciar el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes; el
ejercicio y respeto pleno de sus derechos, y establecer el marco institucional
destinado a orientar, impulsar e implementar políticas, planes y programas que
garanticen su protección, participación, inclusión y su contribución al
desarrollo social.
La normativa
regulará, entre otros elementos, el contenido de esos derechos, tomando como
pilares esenciales el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, la
participación, la no discriminación y la aceptación de la heterogeneidad de las
infancias, adolescencias y juventudes.
De acuerdo con la
información ofrecida por el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, el
anteproyecto de Ley Del Registro Civil,
responde a la necesidad de perfeccionar e informatizar el Registro Civil y
reforzar su institucionalidad, atemperar la función registral civil al contexto
actual y establecer un régimen disciplinario diferenciado para el Registrador Civil.
Ese documento
tiene como propósito regular la organización y funcionamiento del Registro Civil, el asiento de los hechos y actos
de los que toma constancia, su publicidad y los efectos que se derivan de su
contenido.
Sumamente amplia
y compleja es la función registral, aseveró, pues guarda relación con diversos
ámbitos de la sociedad y, como medio para contribuir a la formación de
estadísticas, tiene vital importancia en la planificación de políticas públicas
vinculadas a la población.
Igualmente importante
para el avance del cronograma legislativo en Cuba fue la aprobación de la Política para el perfeccionamiento del
Sistema Contravencional y el anteproyecto de Ley Del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas,
presentados también al Consejo de Ministros por el titular de Justicia.
Es este,
consideró Silvera Martínez, un proyecto complejo, lo cual provocó que su
proceso de elaboración se extendiera por varios años. A modo de ejemplo,
refirió que en el diagnóstico realizado se pudo constatar, entre otros elementos,
la dispersión legislativa existente, lo cual dificulta el conocimiento de lo
regulado.
El anteproyecto
de Ley tiene como objetivo, afirmó, regular el régimen general de las
contravenciones o infracciones administrativas, además del de las sanciones
administrativas aplicables por su comisión.
En la jornada, se
analizó y aprobó el anteproyecto de Ley del Sistema Deportivo Cubano,
presentado por Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de
Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba (Inder), quien catalogó el
texto como “el primero de su tipo en el país”.
El documento
tiene por objeto, detalló, establecer el marco jurídico general del Sistema
Deportivo Cubano, disponiendo sus fundamentos, ámbitos material y personal,
objetivos, principios generales, componentes, organización y funcionamiento.
Es una ley moderna, inclusiva, robusta, transparente, que rescata y confirma las mejores experiencias del sistema deportivo cubano y, a futuro, se convertirá en un importante instrumento pedagógico, porque tiene en sus bases el pensamiento del atleta mayor, del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, valoró Vento Montiller.
PROTEGER Y ORDENAR EL PATRIMONIO NACIONAL
La propuesta de
candidatura de Viñales como Geoparque Mundial de la Unesco (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura), fue aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo de
Ministros, en la cual también participaron el presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, y
el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa.
Al presentar el
tema, el ministro de Energía y Minas,
Vicente de la O Levy, explicó las razones que avalan la candidatura del Viñales,
que pudiera convertirse en el primero de su tipo en el área del Caribe en
alcanzar esa categoría de la Unesco.
Ese geoparque,
detalló, es un área geográfica única y unificada, donde sitios y paisajes de
significado geológico nacional son manejados con un concepto integrador de
protección, educación y desarrollo sostenible, al tiempo que se utiliza el
patrimonio geológico en conexión con todos los demás aspectos del patrimonio
natural y cultural existente.
Esas y otras
características, explicó, avalan la presentación
de la candidatura.
Abundó, además,
que en el mundo existen 229 geoparques de la Unesco en 50 países, de los cuales
13 se encuentran ubicados en Latinoamérica, pero ninguno en el Caribe.
Su aprobación,
aseveró, aportaría a la conservación de los valores geológicos y naturales de
la zona, con la consecuente atracción de visitantes interesados en la geología,
el paisaje y la cultura local, al tiempo que generaría ingresos para las
comunidades allí enclavadas.
Al intervenir en
ese punto, el primer ministro destacó la importancia que tendría para la
actividad turística en Viñales contar con un geoparque de carácter mundial, que
daría relevancia, valor añadido y fortaleza a la comercialización. Especial
atención, enfatizó, se debe prestar a las cuestiones asociadas con el
ordenamiento urbano y territorial de ese municipio.
Asociado al tema
del ordenamiento urbano y territorial, también en esta sesión extraordinaria
del Consejo de Ministros fue aprobado el Plan
de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Santiago de Cuba, el cual presentó
el presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo
(Inotu), general de división Raúl Omar Acosta Gregorich.
El plan anterior,
recordó, fue elaborado en el año 2014, tras el paso del huracán Sandy por esa
oriental provincia, y estaba basado fundamentalmente en resolver los problemas
de la estructura físico-espacial, la vivienda y la imagen urbana.
De acuerdo con la
explicación dada a los miembros del Consejo
de Ministros, el cumplimiento de las acciones diseñadas permitirá alcanzar
el modelo de ordenamiento urbanístico deseado, que favorecerá el desarrollo
equitativo, inclusivo y sostenible del entorno, así como también lograr el
funcionamiento del sistema urbano, el uso racional de los recursos, el
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la población de la ciudad
de Santiago de Cuba, asegurando su desarrollo económico y social a corto y
largo plazos.
En tal sentido,
el presidente del Inotu llamó la atención sobre la necesidad de que los planes
de ordenamiento se conviertan en herramientas de trabajo de todos los Gobiernos en cada uno de los territorios,
que no sean documentos para engavetar, sino de trabajo, porque lo que se vaya a
decidir y a hacer, tiene que estar en correspondencia con los planes de
ordenamiento aprobados.
Al respecto, el primer
ministro subrayó que allí donde se definan las áreas de desarrollo habitacional
para construir viviendas tiene que haber una conciliación con la
infraestructura, porque en todos los espacios, antes de proyectar cualquier
acción, hay que tener en cuenta la urbanización y todo lo que ello implica.
Acerca de ese
asunto, el secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra, hizo
mención a importantes conceptos del líder de la Revolución cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz, asociados al cumplimiento de este tema en el
territorio nacional.
Recordó que el
propósito no es prohibir construir, sino ordenar cómo y dónde hacerlo; que es
preferible exigir, que luego tener que adoptar medidas más severas una vez
cometida la infracción, y que no es este un tema solo del Inotu, sino también
“del Gobierno y de todas las autoridades y los funcionarios de la provincia”.
Como parte de la agenda de la reunión, la contralora general de la República, Miriam Marbán González, presentó un grupo de acciones aprobadas por los miembros del Consejo de Ministros, dirigidas a prevenir y enfrentar la situación y tendencias de la corrupción en el ámbito administrativo.
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