Los fines de
semana empiezan temprano, con la misma preocupación para muchas familias
cubanas: encontrar lo indispensable para llevar a la mesa, mientras los precios -esa variable implacable- siguen su escalada
sin freno.
En bolsillos
flacos por la inflación, el salario se esfuma en el mercado informal, donde una
bolsa de pollo de cinco libras devora casi toda una pensión.
El problema, tan
urgente como complejo, exige un análisis profundo desde sus múltiples aristas.
Aunque el Gobierno ha intentado contener
la situación con medidas como la Resolución No. 225/2024 -que regula precios de
productos esenciales-, su aplicación sigue siendo irregular, y no hay señales
de mejora a corto plazo.
¿Por qué no se cumplen por todas estas disposiciones? ¿Qué falla en los mecanismos de control? Un equipo de reporteros de Cubadebate salió a las calles para investigar las causas del incumplimiento, escuchar a los afectados, a los actores económicos implicados en el fenómeno y evaluar la respuesta de las autoridades.
La vecina de la
esquina, como si fuesen la Biblia y la
cruz, lleva una agenda carmelita con los precios anotados bajo el brazo
izquierdo y la pesa en otro, en todas sus incursiones a la feria de productos
agropecuarios —y de todo tipo—, que hacen los viernes al doblar del edificio.
Que si el tomate es tanto, el arroz más cuanto y el frijol no puede pasarse de
tal cifra. Los montos están topados, la vecina lo sabe y exige, o al menos
intenta, que se cumplan sus derechos.
“Pero imagínese madre, el guajiro me subió la cebolla, y agradezca que hay,
porque no tenía cómo recoger el tomate, y casi todo se pudrió en el campo. Las
semillas están caras, los fertilizantes por las nubes, y nadie es bobo para perder. Todos tenemos que vivir.”
Compra media
libra de cebollas; se faja por el frijol y logra llevárselo por el monto
establecido, después de vociferar amenazas. Se frustra cuando no encuentra el
paquete de pollo, pero “mire, señora, aproveche que el cartón de huevos está en 2400; hay bastante en MLC y USD, y ahora
lo tenemos a precio de cochino enfermo”. La vecina respira y, por un momento,
viene a su mente ese sabor a cerdo que no recuerda la última vez que probó.
Entre intentos
fallidos, dolores de cabeza y el dinero agotado, regresa a casa con frijoles,
arroz, cebolla, una calabaza, picadillo y una docena de huevos. “Y la leche la
buscaré en las mipymes, esa amarilla que parece ‘Cerelac’, porque la buena
mijita, la de bolsa sellada, a esa no le llega nadie. Más de dos mil pesos y todo el mundo sabe que no cuesta eso.
Aquí no se respeta nada. Sí, compraré el kilo a granel de esa mala. Pan para
hoy y hambre para mañana”.
Hace casi un año,
en julio de 2024, el Ministerio de
Finanzas y Precios (MFP) publicó la Resolución 225 para regular los precios
minoristas máximos de seis productos de alta demanda: pollo troceado, aceites
comestibles (excepto el de oliva), leche en polvo, pastas alimenticias,
salchichas y detergente en polvo.
Las importaciones
de cada uno fueron exoneradas del pago del impuesto aduanero, con lo cual se
pretendía estimular la entrada al país de esos insumos.
También se reguló
que, en la formación de los precios minoristas de estos productos, los actores
económicos reconocieran hasta un 30 por
ciento de margen de ganancia sobre costos y gastos, siempre que no
excedieran los topes establecidos.
Según explicó
entonces el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, el objetivo
de la medida era contener el alza de los precios en los productos básicos, tras
la evaluación del mercado y encuentros previos con los actores económicos.
De acuerdo con el
texto La inflación y el control de
precios, publicado en el sitio web de la Asociación Nacional de Economistas
y Contadores de Cuba, desde el punto de vista económico era necesario hacer
esta regulación, pero debe ser transitoria y guardar relación con la tasa
cambiaria y el costo de la divisa en el mercado financiero informal.
Otras normativas
vinieron después, como la aprobación en febrero de los precios para
comercialización minorista de nuevos medicamentos o el Acuerdo 10093, por el
cual el MFP dispuso la regulación temporal de los precios máximos de acopio y
los minoristas de arroz y frijol común, de producción nacional.
Aunque estas leyes son necesarias para frenar el aumento galopante de los precios, no solucionan el problema de la capacidad de compra del salario medio nominal.
(Tomado de Cubadebate. Artículo completo aquí)
ARTÍCULO RELACIONADO
En La Habana, violaciones de precios de productos agropecuarios
RSL