Las recientes medidas del Gobierno cubano encaminadas a resolver los problemas de la economía del país contienen un llamativo entramado con la nueva arquitectura empresarial que indica más autonomía, propiedad mixta y el regreso de la diáspora como inversora.
El paquete de 176 reformas aprobado por la Asamblea
Nacional del Poder Popular (Parlamento) introduce cambios estructurales en el
mapa empresarial de la isla.
La transformación de empresas estatales en sociedades por
acciones, el fin de los topes al sector privado y la apertura a inversores de
la diáspora marcan un punto de inflexión en el modelo socialista.
La Asamblea otorgó luz verde a un conjunto de reformas que
redibujan el mapa de la propiedad y la gestión empresarial en Cuba.
Las medidas, aprobadas en el marco de un paquete de 176
disposiciones, buscan dotar de mayor flexibilidad a un modelo económico que,
según reconocieron las propias autoridades, necesitaba cambiar todo lo que
tiene que ser cambiado para hacer frente a la crisis más profunda de este
siglo.
Uno de los cambios de mayor calado afecta directamente al
corazón del sector estatal.
Según lo expuesto por las autoridades en la sesión
parlamentaria, el Estado mantendría participación mayoritaria únicamente en
aquellos sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional,
mientras que en el resto de la economía definiría su peso accionario con mayor
flexibilidad.
El proceso se complementa con la creación de procedimientos
para la quiebra, liquidación y reestructuración de empresas, algo hasta ahora
ausente en el ordenamiento jurídico cubano, lo que introduce por primera vez
mecanismos de Salida para entidades inviables.
Las reformas autorizan, además, la creación de empresas
privadas sin límite de tamaño, eliminando el tope de 100 empleados que regía
para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) desde su legalización en
2021.
Tal medida, junto a la autorización para que los cubanos
posean más de una empresa, supone una expansión sin precedentes del sector
privado en la isla.
Las medidas también abren la puerta para que personas
jurídicas y naturales, tanto nacionales como extranjeras, puedan adquirir
acciones de empresas estatales, así como participar en la compra de activos
públicos, siempre que se acredite el origen lícito de los fondos.
El gobierno anunció la puesta en marcha de un programa de
inversiones específicamente diseñado para facilitar esta participación.
Uno de los cambios más comentados atañe a los cubanos
residentes en el exterior, que por primera vez podrán invertir en empresas
privadas y cooperativas dentro del país, algo que hasta ahora solo era posible
en alianzas con el Estado.
Según informó el Ministerio de Comercio Exterior, los
cubanos sin residencia efectiva en la isla podrán: asociarse con empresas
privadas cubanas al amparo de la Ley de Inversión Extranjera, y ser socios o
propietarios de empresas privadas, siempre que obtengan la condición migratoria
de inversores y de negocios.
También podrán participar en el sistema financiero, con
posibilidad de abrir cuentas en divisas en bancos cubanos, y crear fondos de
inversión y cooperación para el desarrollo de proyectos en el territorio
nacional.
El viceprimer ministro cubano Oscar Pérez-Oliva Fraga
destacó oportunamente que esta apertura no se limita únicamente a pequeños
negocios, sino que los cubanos en el exterior podrán involucrarse también en
proyectos de mayor escala, incluidos emprendimientos vinculados a
infraestructuras.
https://rciudadhabanaoficial.blogspot.com/2026/06/cuba-el-congreso-de-la-ctc-es-el-primer.html
(Prensa
Latina)
JCDT