La actualización de la política incorpora medidas dirigidas a ampliar las opciones para la adquisición de medios de transporte, estimular la movilidad eléctrica y fortalecer el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público
La
actualización de la política para la transmisión de la propiedad de los vehículos
de motor, remolques y semirremolques, así como su importación y comercialización,
incorpora nuevas flexibilizaciones dirigidas a facilitar estos procesos en el
país, explicó en conferencia de prensa, Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de
Transporte.
Las
disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria número 65, forman
parte de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente,
específicamente las identificadas con los números 146, 147 y 148.
El titular
explicó que el nuevo marco normativo incluye el Decreto Ley 122, modificativo
del artículo 229 del Código de Seguridad Vial; el Decreto 163, que establece
las reglas y principios generales de la política, así como varias resoluciones
de organismos de la Administración Central del Estado relacionadas con
importadores, comercializadoras, precios, impuestos, requisitos técnicos y
procedimientos aduaneros.
Entre las
principales novedades se encuentra la eliminación del límite de adquisición de
seis vehículos en un período de cinco años para personas naturales y jurídicas
en las comercializadoras autorizadas. Asimismo, se amplía la cantidad de
entidades facultadas para comercializar vehículos, con el propósito de ofrecer
mayores alternativas a los compradores.
También se
autoriza a personas jurídicas no estatales que cumplan los requisitos
establecidos a ensamblar y comercializar vehículos eléctricos como
ciclomotores, motocicletas, bicicletas y autos.
Otra de
las medidas beneficia a los colaboradores cubanos en misiones oficiales en el
exterior, quienes podrán adquirir o importar vehículos de hasta ocho pasajeros
a través de cualquier comercializadora autorizada, y no únicamente mediante una
entidad específica como ocurría anteriormente.
Sobre
ellos, también se explicó que dicho vehículo puede hacerse tanto del país en
que trabajan como de otro tercero.
Rodríguez
Dávila destacó además la exención del pago del impuesto especial de venta para
los vehículos eléctricos adquiridos junto a sus estaciones de carga con fuentes
renovables de energía, como incentivo a la transformación de la matriz energética
nacional.
Igualmente,
se reduce el impuesto especial aplicado a ómnibus y microbuses: de 20 % a 12 %.
Si fueran ensamblados en el país al 7 % y a 5 % cuando sean eléctricos. La
decisión responde a la necesidad de favorecer la recuperación del transporte público,
uno de los sectores más afectados en los últimos años.
La nueva
normativa incorpora también la posibilidad de adquisición de vehículos en
comercializadoras por parte de extranjeros con residencia temporal, provisional
o inmobiliaria, así como la importación directa por personas naturales, sin carácter
comercial, de triciclos de combustión de hasta 250 centímetros cúbicos y de vehículos
eléctricos acompañados de sistemas de carga con fuentes renovables.
UTILIZACIÓN
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
El
Ministro de Transporte comentó que se mantiene el Fondo para el Desarrollo del
Transporte Público, financiado a partir de una parte de los impuestos
especiales aplicados a la venta de vehículos, recursos que han permitido
incorporar medios destinados a servicios esenciales.
Entre los
resultados mencionó la adquisición de 15 vehículos fúnebres eléctricos para La
Habana, un catamarán para las transportaciones del Municipio Especial Isla de
la Juventud, 300 triciclos eléctricos para la transportación de pasajeros, 110
microbuses para rutas, 20 ómnibus para la Empresa de Ómnibus Nacionales y diez
para Vía Azul, vehículos eléctricos destinados al traslado de pacientes de
hemodiálisis, otros destinados a la transportación del personal de la salud en
La Habana, así como bicicletas, camiones y otros medios.
El fondo,
precisó, constituye una herramienta para apoyar la recuperación gradual del
transporte público, aunque reconoció que persisten limitaciones derivadas del
deterioro acumulado y del impacto de las restricciones externas que afectan la
llegada de recursos adquiridos.
Rodríguez
Dávila subrayó que la política busca favorecer vehículos más económicos,
impulsar la movilidad eléctrica, estimular la industria nacional y ampliar la
participación de actores estatales y no estatales en la comercialización,
siempre bajo los principios establecidos por el país.
LA POLÍTICA
EN CIFRAS
Al cierre
del mes de junio de 2026:
- Se han
vendido 35 494 vehículos de motor. El 65% de combustión, el 5% híbridos y el
30% eléctricos.
-Según su
clase cerca del 70% fueron ciclomotores, motocicletas y triciclos.
-Se han
realizado 13 689 transmisiones de la propiedad, 12 444 entre personas
naturales, 304 entre personas jurídicas y 943 entre personas naturales y jurídicas.
-Se han
importado directamente por las personas como equipaje no acompañado o envío, 41
963 vehículos de motor, de ellos: 19 443 ciclomotores y motocicletas eléctricas
y 22 520 ciclomotores y motocicletas de combustión.
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(Autor:
Wennys Díaz Ballaga – Granma)
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