El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cubano (MTSS) presentó nuevas disposiciones que permitirán entregar activos productivos a personas en situación de vulnerabilidad, ofrecer capacitación remunerada a jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, y crear direcciones de Trabajo Social en las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular.
Las normas publicadas en la Gaceta Oficial de la República
en su edición ordinaria número 88 y que entrarán en vigor en los próximos siete
días comprenden el Decreto Ley 136 Del fortalecimiento del Trabajo Social y el
Decreto 182 De la creación de la estructura organizativa de las direcciones de
Trabajo Social de las Administraciones provinciales y municipales.
De igual forma, estipula los acuerdos 10455 Programa de
inclusión económica para la dotación de activos productivos de pequeña escala a
personas en situación de vulnerabilidad multidimensional, y el 10463 que
contempla el Programa de capacitación y preparación para la inserción laboral
de jóvenes de 18 a 30 años que se encuentran desvinculados del estudio y el
trabajo.
Al respecto, Maily Morejón Concepción, directora del
Observatorio Social y Laboral, explicó que la iniciativa trasciende el enfoque
tradicional de la asistencia social, centrado en atender necesidades
inmediatas, y procura crear condiciones para que las personas puedan
desarrollar actividades económicas y generar ingresos propios.
El programa está dirigido a hogares en situación de
vulnerabilidad que cuenten con integrantes aptos y dispuestos a trabajar, y que
asuman el compromiso de cumplir un plan de inclusión económica.
Entre los grupos priorizados figuran las personas
cuidadoras, especialmente mujeres con menores a su cargo y bajos ingresos;
jóvenes de 18 a 30 años desvinculados del estudio y el trabajo; personas con
discapacidad que puedan desarrollar una actividad económica, y quienes se
encuentran en la informalidad laboral.
Morejón Concepción precisó que los activos productivos se
agrupan en tres categorías: agropecuarios y agroecológicos; destinados a
actividades artesanales, de transformación y servicios; y tecnológicos o de
soporte digital, y también podrán incorporarse otros que respondan a las necesidades
de cada territorio.
Por su parte, Israel Antonio Riverón Sánchez, director de
Empleo del MTSS, explicó que las solicitudes se presentan en las direcciones
municipales de Trabajo y Seguridad Social, por iniciativa de los interesados,
mediante los trabajadores sociales o por medio de los empleadores.
Los trabajadores sociales realizan la caracterización de
las personas y familias, cuyos resultados son evaluados por los grupos de
atención a las políticas sociales de los consejos populares.
Posteriormente, el Servicio de Gestión de Empleo
Territorial elabora, junto con el posible beneficiario, un plan individualizado
que incluye las capacidades y habilidades de la persona, la actividad económica
que desarrollará, los activos necesarios, la capacitación y el cronograma de
implementación y se somete a la evaluación y aprobación del Consejo de la
Administración Municipal.
Riverón Sánchez señaló que el financiamiento podrá proceder
del presupuesto estatal destinado a la asistencia social, el Fondo de
Protección Social, la contribución territorial para el desarrollo local, la
cooperación internacional, donaciones, microcréditos bancarios y otros fondos
autorizados.
CAPACITACIÓN
REMUNERADA PARA JÓVENES DESVINCULADOS
Por otra parte, el Acuerdo 10463 que establece un programa
de capacitación y preparación para la inserción laboral de jóvenes de 18 a 30
años que no estudian ni trabajan.
Según explicó Riverón Sánchez, su objetivo es facilitar la
incorporación de esos jóvenes a actividades productivas y de servicios mediante
cursos cortos que respondan a las necesidades de empleo de los territorios.
De manera excepcional, podrán acceder adolescentes desde
los 15 años y hasta antes de cumplir los 18, previa fundamentación de su
situación de riesgo social, así como personas de 31 a 35 años con responsabilidades
familiares de cuidado.
El programa prioriza a residentes en localidades con
desvinculación juvenil, mujeres con menores a su cargo y bajos ingresos,
personas con discapacidad y jóvenes que enfrentan barreras para acceder a la
capacitación o al empleo.
Los cursos tendrán una duración de uno a seis meses, con
una carga mínima de 20 horas lectivas semanales, y podrán abarcar oficios de
demanda territorial, emprendimientos, gestión de pequeños negocios y
competencias digitales.
Durante el periodo de preparación, los beneficiarios
recibirán un ingreso mensual equivalente al salario mínimo vigente y en el caso
de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, el financiamiento corresponderá
a las prestaciones condicionadas de la asistencia social; para los restantes
beneficiarios, será asumido por las entidades empleadoras, conforme a la
legislación laboral.
Para mantener ese ingreso, deberán cumplir al menos el 85 %
de asistencia a las actividades lectivas y aprobar las evaluaciones del programa
formativo.
NUEVAS
ESTRUCTURAS PARA FORTALECER EL TRABAJO SOCIAL
Como parte de estas transformaciones, el Decreto Ley 136
establece las bases para fortalecer el sistema de trabajo social en el país,
mientras que el Decreto 182 regula la creación y organización de las
direcciones de Trabajo Social de las administraciones provinciales y
municipales del Poder Popular.
Rita Machín Reyes, directora de Trabajo Social del MTSS,
explicó que el Decreto Ley, estructurado en cuatro capítulos, define los
conceptos, principios, ámbitos de actuación y mecanismos de articulación de
esta actividad.
La norma reconoce la intervención de los trabajadores
sociales no solo en las comunidades, circunscripciones y consejos populares,
sino también en instituciones educativas, hospitales, policlínicos y otros
servicios sociales.
Asimismo, establece mecanismos de coordinación con
organismos, instituciones, entidades estatales y no estatales, así como un
sistema de supervisión dirigido a garantizar la calidad de las intervenciones y
el desarrollo profesional de estos trabajadores.
Machín Reyes destacó que las nuevas direcciones estarán
subordinadas a las administraciones de sus respectivos territorios, lo cual
demandará una mayor articulación con los gobiernos locales y las instituciones
vinculadas a la prevención y atención de los problemas sociales.
La directiva insistió en que la implementación de las
disposiciones requerirá preparación continua, ética profesional y una
participación activa de los trabajadores sociales en la identificación de los
problemas y la búsqueda de soluciones.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz
Campos, destacó que las nuevas transformaciones buscan fortalecer la protección
social y favorecer que las personas y familias en situación de vulnerabilidad
puedan generar ingresos mediante su propio trabajo.
Explicó que la asistencia social debe concebirse también
como un proceso de tránsito hacia la autonomía económica, en el cual los
beneficiarios aprovechen sus capacidades y las oportunidades existentes en sus
localidades para superar las condiciones que motivaron su situación.
Asimismo, subrayó la importancia de rescatar el valor del
trabajo como principal vía de protección social y fortalecer la preparación
profesional de los trabajadores sociales.
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(Autoría:
Susana Antón Rodríguez – Granma)
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