La actualización de los fines y principios de la educación, la definición de la enseñanza obligatoria, el reconocimiento de saberes adquiridos por distintas vías y el fortalecimiento de la protección de los derechos de niños y adolescentes figuran entre los principales contenidos del anteproyecto de Ley de Educación que será sometido a consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre.
La norma es resultado de un proceso de elaboración que
involucra a más de 25 organismos, organizaciones, instituciones y centros de
estudio, explicó la viceministra de Educación, Marlen Triana Mederos, durante
una entrevista a Granma, en la que detalló los antecedentes, los objetivos y
los próximos pasos de la propuesta legislativa.
Explicó que, desde 2023, se reconfiguró un grupo de trabajo
temporal encargado de acompañar la elaboración del documento, con la
participación de organismos de la Administración Central del Estado, el
Tribunal Supremo y centros de estudio, entre ellos el Instituto Central de Ciencias
Pedagógicas, el Centro de Estudios de la Juventud y la Universidad de La
Habana.
También han estado representados los trabajadores a través
del sindicato, mientras que los ministerios de Educación (Mined) y de Educación
Superior (mes) han coordinado el trabajo.
Expuso que la versión que está disponible para consulta es
la número 19, lo que refleja el trabajo desarrollado para construir una norma
que responda a las necesidades actuales del sistema educativo y articule las
disposiciones relacionadas con la formación, los derechos y las responsabilidades
de los diferentes actores.
UN
PROCESO LEGISLATIVO CON VARIOS ANTECEDENTES
La elaboración del anteproyecto tiene antecedentes en 2019,
cuando Cuba aprobó una nueva Constitución. Desde entonces, el desarrollo de
otras normas ha incidido en el cronograma de la Ley de Educación, debido a la
necesidad de armonizar sus contenidos con disposiciones que también regulan
aspectos vinculados con la enseñanza y la formación de las personas.
Entre ellas, Triana Mederos mencionó el Código de las
Familias, el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, el Código de
Trabajo, la Ley del Deporte y la Ley de Salud Pública, entre otras.
PRECISAR
DERECHOS, DEBERES Y EDUCACIÓN OBLIGATORIA
Entre los problemas identificados durante la preparación de
la propuesta se encuentran la desactualización de los fines, principios y
objetivos de la educación; la insuficiente articulación y coherencia entre los
organismos formadores en cuanto a modalidades, estructuras y funciones; la
ambigüedad sobre el inicio y el fin de la educación obligatoria, y la imprecisión
de derechos y deberes.
Uno de los cambios fundamentales que se propone es definir
el periodo de escolarización obligatoria.
«Esta ley viene a definir que será obligatoria la educación
en Cuba desde el sexto año de vida de la primera infancia, que es el grado
preescolar, hasta el noveno grado», precisó Triana Mederos.
La norma también busca armonizar los derechos, deberes y
responsabilidades relacionados con la educación con lo establecido en el Código
de las Familias y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.
En ese sentido, incorpora cuestiones relacionadas con la
participación, el interés superior del menor y la protección frente a la
violencia, aspectos que forman parte de la actualización del marco jurídico que
regula los procesos educativos.
La intención es contar con disposiciones que permitan una
mayor articulación del sistema y una protección más precisa de los derechos en
las instituciones educativas.
RECONOCER
LOS SABERES ADQUIRIDOS POR DISTINTAS VÍAS
Entre las novedades del anteproyecto sobresale el
reconocimiento y la certificación de saberes adquiridos mediante diferentes
vías, incluso fuera de los procesos formales de enseñanza.
La Viceministra ejemplificó que una persona que haya
aprendido de manera autodidacta un oficio, como la soldadura, y pueda demostrar
sus conocimientos, podrá recibir una titulación que los certifique.
«Si usted de manera autodidacta sabe ser soldador y lo
demuestra, puede recibir una titulación», señaló.
Esta posibilidad amplía las vías para reconocer los
conocimientos y las habilidades de las personas.
El anteproyecto incorpora, además, contenidos relacionados
con la investigación, la transformación digital y la ciberseguridad, así como
el fortalecimiento de los vínculos entre la universidad y la sociedad.
La actualización digital incluye el uso crítico y ético de
la inteligencia artificial, con atención a la seguridad y la protección de los
datos. Estos elementos se integran a la propuesta como parte de los temas que
deben considerarse en el desarrollo de los procesos educativos.
En materia de financiamiento, la norma refrenda la
Transformación Económica y Social 67, que permite diversificar servicios
educativos de posgrado, capacitación y cuidados.
«Seguimos siendo presupuestados, pero vamos a poder hacer
uso de financiamiento complementario para continuar favoreciendo los procesos
educativos», afirmó Triana Mederos.
CONSULTA
ESPECIALIZADA Y RECORRIDO POR EL PAÍS
La elaboración del anteproyecto ha incluido diferentes
momentos de consulta. El grupo de trabajo sesionó entre 2023 y 2025 y realizó
una consulta especializada con organismos formadores, entre ellos el Mined, el
mes, los Ministerios de Salud Pública, del Interior, de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y de Cultura.
Más recientemente, se efectuó una videoconferencia con
rectores de universidades y se encargaron dictámenes a varias instituciones
universitarias del país.
Se ha concebido un recorrido por todas las provincias, con
plenarias de representantes que abarcarán las regiones oriental, central y
occidental.
Entre los criterios recogidos durante el proceso figuran la
necesidad de regular y supervisar las actividades educativas desarrolladas por
las formas de gestión no estatal, así como la atención a los repasadores y una
mayor participación en las decisiones relacionadas con la educación.
También se ha planteado la importancia de garantizar la
inclusión mediante recursos, apoyos, accesibilidad y ajustes razonables, junto
con el fortalecimiento de la preparación para el empleo y de los vínculos entre
la formación y las necesidades de cada territorio.
Estos asuntos forman parte de los elementos considerados en
la construcción de la propuesta, que continúa abierta al intercambio de
criterios antes de su presentación al órgano legislativo.
Con el anteproyecto, el Ministerio de Educación aspira a
contar con un sistema más articulado, que fortalezca la protección de derechos
en las instituciones, disponga de apoyos concretos para la inclusión y
reconozca los aprendizajes adquiridos por distintas vías.
La certificación de saberes y la posibilidad de verificar
la calidad educativa también figuran entre los resultados esperados de la
futura ley.
Para Triana Mederos, el alcance de la norma trasciende el
funcionamiento de las instituciones educativas, pues sus efectos pueden
contribuir al desarrollo de la sociedad y de los territorios.
«Necesariamente, si va a contribuir al desarrollo de la
educación, esta ley también podrá contribuir al desarrollo del país y de los
territorios», afirmó.
El anteproyecto está disponible en el sitio web del
Ministerio de Educación como parte de un proceso que busca continuar recogiendo
criterios; para ello se podrá escribir a través del correo ley.educacion@mined.gob.cu.
https://rciudadhabanaoficial.blogspot.com/2026/10/escuela-superior-de-cuadros-del-estado.html
Autor:
Wennys Díaz Ballaga - Granma
JCDT –
AQA - DZA