En la Comisión de Atención a la Juventud, Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, en la el noveno periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), la doctora en Ciencias María Isabel Domínguez, coordinadora del grupo de trabajo del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, brindó una actualización sobre la elaboración de la política sobre la atención a la niñez y las juventudes.
En el documento se plantean como antecedentes la Constitución de la República del 2019, el proyecto de ley del Código de las Familias, así como también otros planes y estrategias del país que abordan el tema de la niñez y la juventud.
El vice primer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella indicó que la aprobación de la política conlleva un proceso de análisis y debate hasta su aprobación en el Consejo de Ministros. “Se continuarán realizando debates para tener una apreciación más completa del proceso, debido la importancia que tiene actualizar esta política”.
Enfatizó que debe ser no solo una política de protección, sino también de participación.
“Al realizar el diagnóstico, se determinó que se cuenta con un potencial docente calificado y un amplio sistema de instituciones educacionales, culturales y deportivas, así como también .programas especializados como el Materno-Infantil y el de Atención Integral a la Adolescencia y a las personas en condición de discapacidad”, dijo la socióloga.
Destacó que, entre las principales problemáticas detectadas, está la desarticulación entre políticas, programas y planes sectoriales, además de la ausencia de un mecanismo nacional de coordinación.
“Existe una diferenciación en los rangos de edades para la consideración de niñez y juventud de las políticas y regulaciones que generan inconsistencias en su tratamiento”, puntualizó.
Sobre el tema de los rangos etarios, la socióloga puntualizó que es necesario homogeneizar al máximo los rangos de las distintas políticas y normativas. Señaló que se decidió mantener la edad electoral y la edad penal en los 16 años, con tratamientos específicos para el segmento de 16-10 años, que aún clasifica en la etapa de la niñez.
Además, se decidió ampliar la duración de la formación de técnico de nivel medio superior al incrementar en un año el periodo de práctica preprofesional, con el fin de consolidar las habilidades profesionales y con una remuneración superior al estipendio actual.
“Se eleva la edad laboral de 17 a 18 años con tratamiento especial para los egresados de obreros calificados. Ese cambio implica una modificación en el Código de Trabajo vigente”, dijo
La política sobre la atención a la niñez y juventudes –informó– debe ser aprobada y comenzar su implementación este año. “Posteriormente debe realizarse un plan de acciones imprescindible para el cumplimiento de la política”.
Keyla Estévez, directora del Centro de Estudios de la Juventud (CESJ), explicó el proceso de consulta desarrollado con niños y adolescentes, a través de encuestas online y presenciales, así como foros de debate en conjunto con Juventud Rebelde y Alma Mater.
Entre las principales preocupaciones recogidas están el tema económico, sus aspiraciones profesionales, el acceso a la vivienda, la recreación, e acceso a la educación y la calidad del proceso educativo, la falta de motivación, la marginación y las desigualdades.
Agregó que participar en la toma de decisiones y ser escuchados, que “los adultos los dejen hacer”, son algunas de las demandas que se visibilizaron como demandas de los encuestados. (Cubadebate)