Los diputados al Parlamento cubano analizaron este viernes la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada por el Legislativo en mayo de 2022.
A partir del informe presentado por Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República, los legisladores analizarron la puesta en marcha de la normativa, como parte del programa del primer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
En el Parlamento, se recordó la atención que han dado el Partido Comunista de Cuba y el Gobierno a la seguridad alimentaria y nutricional, con la adopción de políticas en los diferentes sectores de la economía, las que se concretaron en leyes, estrategias, programas y planes.
Luego, con la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución fue aprobado un grupo de políticas públicas, agrarias y alimentarias, que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional.
“Pero no es la ley la que resolverá esta problemática. Es en los territorios, con producción, donde se soluciona. La ley nos da herramientas para lograr que los alimentos lleguen al plato de los cubanos, que es el objetivo”, reflexionó el vice primer ministro.
“La mirada debe ser qué más podemos hacer para alcanzar, de una vez, la tan necesitada soberanía alimentaria”, subrayó.
Tapia Fonseca refirió que en el año 2021 fueron adoptadas 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria, que propiciaron la eliminación de trabas y flexibilizaron procesos.
“En sus inicios, tuvieron un impacto importante, y más tarde, a consecuencia de la agudización de la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo (de Estados Unidos a Cuba), algunas de las metas no han podido cumplimentarse o solo se alcanzaron parcialmente”.
Ese contexto conlleva la adecuación del modelo productivo y de gestión, que ha marcado también el diseño de políticas públicas sobre la seguridad alimentaria y nutricional en el país, señaló el vice primer ministro.
Por eso, en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba en 2020, así como su instrumentación jurídica, la Ley 148/2022, De Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en conjunto con su reglamento, el Decreto No. 67 de 2022.
¿Cómo avanza la implementación de la ley?
Según refleja el informe presentado a los parlamentarios, el cronograma de implementación contiene tres etapas: la primera, relativa a la comunicación social; la segunda, enfocada en la creación de capacidades con proyección territorial y comunitaria, y la tercera, dirigida a la implementación, con fases de preparación y diagnóstico.
“Un número considerable de las acciones previstas hasta la fecha han sido cumplidas por los responsables; no obstante, se requiere elevar el rigor en el control y establecer indicadores medibles para las tareas contenidas en cada etapa”, dijo Tapia Fonseca.
En la primera etapa, se desarrollaron las acciones generales de comunicación social, que propiciaron el conocimiento, la retroalimentación y la evaluación constante, para la adecuada implementación de los contenidos de la ley y su reglamento.
“Cada cubano debe comprender la necesidad de producir alimentos. Esto debe hacerse desde las mismas escuelas”, sostuvo Tapia Fonseca, y agregó que se debe realizar una revolución desde la agricultura, que incluya a todos los organismos de la Administración Central del Estado vinculados con la ley.
Dentro del plan, se destacan acciones divulgativas, la producción y puesta en parrilla de cápsulas y spots, así como también el desarrollo del proyecto Cultivar Conciencia como plataforma promocional de las buenas prácticas relacionadas con la implementación de estas normas.
La segunda etapa de formación de capacidades, con proyección territorial y comunitaria, se inició por el entrenamiento de formadores para dinamizar el acompañamiento, la asesoría y creación de capacidades endógenas, a través de la concepción político-pedagógica de la educación popular.
Al respecto, Tapia Fonseca mencionó entre los principales resultados hasta la fecha la formación de agentes dinamizadores en 152 municipios del país; la realización de talleres nacionales, provinciales y municipales (694) sobre la sensibilización de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, las herramientas metodológicas, los planes de acción y las estrategias y medidas para prevenir y reducir pérdidas y desperdicios de alimentos.
Además, se capacitó a 23 mil 297 personas en todo el país, 42 por ciento mujeres y 17 por ciento jóvenes menores de 35 años. En el curso online sobre la ley, disponible en el Observatorio para la Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional Con más Ciencia, han participado 614 personas.
El vice primer ministro dijo que la tercera etapa, que concierne al cronograma de implementación, comenzó en noviembre de 2022 con la constitución de las comisiones de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en sus tres niveles.
En cuanto a la gobernanza e institucionalidad de las comisiones, en específico de la Comisión Nacional, se aprobó su funcionamiento mediante la creación de cinco grupos temporales de trabajo, según los ejes estratégicos del Plan de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
A su vez, la comisión nacional tiene adscrito el Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, constituido por el Ministerio de la Agricultura.
De acuerdo con el informe presentado a los parlamentarios, como parte de la implementación y aplicación de la ley, cada grupo temporal que integran las comisiones de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional identificó entre los principales problemas que la creación del sistema empresarial agroindustrial municipal, a modo de experimento, se implanta en 18 municipios, lo cual se ha desarrollado con lentitud. Paralelamente, se trabaja en el resto de los municipios del país.
En la fase de diagnóstico, se identificaron las brechas nutricionales existentes, concentradas en el déficit de energía, grasas y proteínas. Se logró identificar en la mayoría de los territorios que estos no se autoabastecen según la demanda definida.
“Tenemos que partir de las potencialidades de cada territorio, para que los análisis y planes sean correctos, e incorporar las investigaciones de los científicos”, afirmó Tapia Fonseca.
Añadió que “todos los municipios y provincias pudieran ser soberanos y seguros en la producción de viandas, hortalizas y frutas. En los casos del arroz, granos, leche, carne vacuna y ganado menor, no todos pueden alcanzarlo”.
Para producir alimentos no se necesitan tantos papeles
Asamblea Nacional. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.
Los territorios con más bajos resultados al cierre de mayo fueron Holguín (22 libras/per cápita), Pinar del Río (23 lb/pc) y Las Tunas (23 lb/pc).
“Se reportan con dificultades en el abastecimiento 240 comunidades (4 por ciento del total), con las mayores incidencias en Holguín, 82 (8 %); Las Tunas, 77 (18 %); Matanzas, 32 (8 %) y Camagüey, 16 (4 %)”, informó el vice primer ministro.
Refirió que, en lo que va de año, el Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar ha incorporado 100 nuevos organopónicos y se han sumado 30 mil nuevos patios y parcelas en el Movimiento Productivo Popular con las familias.
“En este programa se incorporan nuevas medidas como la transformación y revitalización de los consultorios tiendas del agricultor, la aprobación de la comercialización libre de impuesto de los productos obtenidos en los patios familiares”, señaló.
En cuanto a la conformación y atención a los polos productivos, el levantamiento realizado por la Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios (ENPA) arrojó 23 mil 993 hectáreas a incorporar.
De un plan de creación de cinco mil 139 módulos pecuarios, al cierre de mayo de 2023 hay 4cuatro mil 314, para el 84 por ciento. Las provincias de Las Tunas, Pinar del Río y Artemisa son las que presentan los niveles más bajos de ejecución.
“Falta trabajo para producir alimentos. Todos esperamos que nos manden la comida, pero no hacemos nada para producirla. Falta cultura productiva”, afirmó Tapia Fonseca.
“¿Cuánta tierra tenemos vacía? ¿Cuántos centros de trabajo tienen tierras ociosas sin producir? Esas son las preguntas a las que debemos dar respuesta inmediata. Es necesario producir en todos los pedazos de tierra que tengamos.
“Para producir alimentos no se necesitan tantos papeles. No son cifras en un informe, sino ¿cuándo vamos a empezar a sembrar? ¿quiénes lo van a hacer? ¿cuántas hectáreas de un producto necesitamos para satisfacer las demandas de la población?”.
Informó que, con el fin de evaluar aspectos concernientes a la implementación de la ley y otros relacionados con la producción de alimentos, se constituyeron tres comisiones presididas por el Gobierno central, que durante los meses de abril, mayo y junio realizaron el chequeo en las regiones oriental, occidental y central.
Hasta la fecha, se visitaron 133 de los 158 municipios previstos. Participaron los principales cuadros del Gobierno, el Partido y la UJC, los miembros de las comisiones de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional a ese nivel, organizaciones de masas, directivos del sistema empresarial, productores, asesores, científicos y agentes dinamizadores, que analizaron los problemas en cada localidad.
Tapia Fonseca informó que solo se ha podido garantizar el 74 por ciento del diésel y poco más de 10 toneladas de fertilizante de las mil que se necesitan para la agricultura.
Entre las principales deficiencias en la implementación de la ley están:
-Falta de conocimiento sobre los contenidos de la ley SSAN y deficiencias en el funcionamiento de las comisiones.
-En varios municipios se evidenció inadecuada articulación entre la ley y las estrategias de desarrollo local.
-En determinados casos, no se ha logrado identificar a todos los actores vinculados a los diferentes procesos alimentarios locales.
-El diseño de los programas que conforman los sistemas alimentarios locales, según lo establecido en la ley, en algunos casos no se corresponde con las demandas nutricionales que tiene el territorio y sus potencialidades para producir en el fondo de tierras disponibles.
-Es lento el proceso de creación de autoconsumos en las entidades de la producción y los servicios, que satisfaga parte de las necesidades nutricionales de trabajadores y sus familias.
-Son insuficientes los niveles de siembra y las existencias de cultivos en las viandas, fundamentalmente aquellas menos exigentes a los paquetes tecnológicos como el plátano, la yuca, el boniato y la malanga.
-En hortalizas, si bien se crece en las siembras, no se logran las producciones previstas, debido a los bajos rendimientos agrícolas.
-En el programa de granos, la falta de insumos y la presencia de plagas determinan el incumplimiento de los niveles de siembra proyectados para estos años.
-Se identifican como insuficientes las producciones de las empresas estatales agropecuarias, que aportan entre un 15 y un 20 por ciento a la producción.
-De los 5 kg de proteína animal mensuales per cápita, solo se han alcanzado 438 gramos por habitante en 2022 y en mayo de 2023 descendió a 347 gramos por habitante, por falta de celeridad en la construcción de módulos pecuarios, la dotación de masa básica de las diferentes especies y la producción de alimento animal.
- Es insuficiente la cría de gallinas camperas y semirrústicas en las comunidades rurales y del Plan Turquino, para la producción de huevos y carne con destino al autoabastecimiento familiar.
-Es insuficiente la producción de ganado menor (ovino, caprino y cunícola (conejos), de acuerdo con sus potencialidades en los sistemas agroalimentarios locales.
-El programa porcino aún mantiene niveles de producción muy bajos, siendo las causas fundamentales la poca disponibilidad de alimento animal, provocada por las dificultades con la siembra de maíz, soya, sorgo y girasol; la recogida de palmiche y residuos de cosechas agrícolas e industriales, entre otros, lo que no ha permitido un funcionamiento estable de las plantas de pienso.
“Hay que rescatar la disciplina en los planes de la agricultura, pues en muchos casos no se cumplen y no pasa nada”, advirtió Tapia Fonseca.
Trascendió en la presentación del informe que en este programa estratégico no se ha logrado incrementar la producción estatal, en lo cual es decisivo la recuperación de las 205 naves previstas en los centros de ceba, junto a la base alimentaria con fuentes nacionales. Hasta la fecha, solo se han recuperado 92 naves, para un 45%.
-No se avanza en la recuperación de la ganadería vacuna, con un decrecimiento sostenido de la masa. La existencia, al cierre de mayo de 2023, es de tres millones 439 mil 038 cabezas.
Todo ello se debe a las elevadas cifras en el índice de mortalidad; el déficit de alimento animal, el incumplimiento de los planes de siembra de caña, king grass, otros pastos y plantas forrajeras proteicas, y con bajo nivel de acuartonamiento.
Agregó, como otras de las causas del decrecimiento en este renglón, las dificultades con el abasto de agua; el hecho de que solo se alcanza el 27% de las hembras reproductoras bajo inseminación y la contratación es deficiente.
Dijo que hay productores que poseen de una a tres vacas, con una alta dispersión, sin una cultura ganadera, que requieren de capacitación y extensionismo para incrementar sus resultados productivos y aportes al encargo estatal.
El hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor crece en todas las provincias, con 44 mil 318 cabezas (23 mil 651 más que en igual etapa de 2022).
Existe un insuficiente trabajo a todos los niveles en la actividad de control pecuario, en la cual se identifican problemas organizativos, logísticos y falta de gestión.
-El modelo de gestión no ha promovido suficientemente la innovación y la difusión de los resultados y el productor como importante actor económico del sistema no ha estado en el centro de atención
-Se comprobó en varios municipios que las estadísticas informadas por las bases productivas en los programas de autoabastecimiento, sobre los planes de siembra, la existencia de cultivos y las libras per cápita, no están en correspondencia con los productos presentes en placitas y puntos de ventas y el nivel de satisfacción de la población.
-Las comunidades pesqueras han iniciado la reorganización de las brigadas de pescadores y la comercialización de los productos, siendo aún insuficientes.
-Deficiente aprovechamiento de las potencialidades del programa de la acuicultura, una de las vías más rápidas para incrementar la producción de proteínas de origen animal, tanto en los centros acuícolas, presas y micropresas como en empresas arroceras y otros productores.
-Es limitada la presencia de directivos que forman parte de la Comisión Municipal SSAN en reuniones de las juntas directivas, asambleas generales de cooperativistas y en las fincas de los productores.
-Es apreciable la pérdida de prácticas comunes en las viviendas rurales, como lo fueron la cría de cerdos, gallinas, chivos, ovejos, conejos y otras aves, así como la siembra de yuca, plátano, frutas y otros cultivos en los patios para el autoconsumo familiar y la comercialización de los excedentes.
-Insuficientes mercados y puntos de ventas gestionados por las formas productivas y las empresas agropecuarias para comercializar directamente sus producciones, lo que permitiría abaratar el precio de venta a la población.
El vice primer ministro cubano señaló que actualmente la red de comercialización de productos agropecuarios está integrada por 10 mil 669 actores económicos en diferentes modalidades, 2 526 de ellos bajo administración estatal (24 por ciento).
-La contratación a los productores es deficiente, muestra del mal funcionamiento de las empresas y acopiadores, reflejándose las mayores dificultades en las empresas cárnicas y lácteas, quedando producciones sin contratar o subdeclaradas.
Inciden en este resultado negativo la preparación del proceso de contratación por parte de los directores de empresas, asesores legales y productores; no se crea un ambiente favorable entre las partes para alcanzar resultados satisfactorios, imponiendo, en algunos casos, el contrato sin fase de negociación. Las provincias con más bajos niveles de contratación son Cienfuegos, Camagüey y Las Tunas.
-Poca utilización de las facilidades creadas para que los acopiadores paguen oportunamente a los productores (créditos de comercialización, pago por factura y otros), así como la bancarización de las operaciones y su potenciación vía digital donde existan las condiciones.
Según el informe presentado a los diputados, al cierre de mayo la deuda con los productores asciende a 49 millones 831 mil pesos. Las provincias con mayores incidencias son Artemisa, con 19 millones 636 mil pesos, y Mayabeque, con seis millones 755 mil, territorios estos que concentran el 50 por ciento de las deudas.
También están presentes impagos en MLC a los productores.
-En los municipios hay venta ilícita de productos agropecuarios, con precios muy superiores a los establecidos en el territorio, lo que denota deficiente trabajo de los cuerpos de inspectores, incumpliendo lo establecido en las normas vigentes.
“Tenemos que lograr que las empresas y cooperativas contraten de manera directa con los productores, sin intermediarios que encarecen los precios de los productos”, remarcó Tapia Fonseca.
-En varias comunidades rurales, se comprueba insuficiente atención de los gobiernos a problemas existentes en la calidad de algunos servicios: viales, vivienda, conectividad, entre otros fundamentales, que influyen en el incremento de la emigración hacia poblados y ciudades.
-Es insuficiente la elaboración de proyectos para la búsqueda de fuentes de financiamiento mediante la colaboración y la inversión extranjera, dirigidas fundamentalmente al incremento de las áreas bajo riego y el desarrollo local.
-La producción de harinas alternativas (para panes, repostería e industrias cárnica, láctea, pesca y conserva) está insuficientemente respaldada por planes de siembra que garanticen las materias primas.
-Dificultades en el uso y explotación de la tierra, así como problemas organizativos, logísticos y falta de agilidad en la gestión de los cuadros, que generan lentitud en el proceso de entrega de tierras ociosas. Al cierre del mes de abril, había 258 388 hectáreas de tierras ociosas pendientes de entrega.
Entre las acciones prioritarias para lograr una implementación eficaz de la Ley de Soberanía Alimentaria, el informe señala la importancia de atender, por el sistema de trabajo de la comisión nacional hasta la base, el control de la implementación de la ley y su reglamento mediante las siguientes acciones:
-Creación de capacidades de los miembros de las comisiones y jefes de programas en cuanto a sus responsabilidades en este proceso.
-Continuar capacitando a los diferentes actores a todos los niveles, incluidos los nuevos directivos de los órganos locales del Poder Popular y otros del sistema alimentario local.
-Rendiciones de cuentas de los organismos con responsabilidades en la implementación.
-Despachos con los responsables de los ejes estratégicos para la evaluación del cronograma de implementación.
-Visitas de trabajo y control a los municipios.
-Rendición de cuenta de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y los organismos de la Administración Central del Estado, responsables del sistema de información, para la vigilancia de la implementación de la ley hasta la base.
-Uso y completamiento de la plataforma tecnológica Observatorio para la Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional Con más Ciencia, para la gestión y adopción fundamentada de decisiones.
-Selección de un municipio por provincia que requiera el acompañamiento de la comisión nacional SSAN y los programas nacionales, para impulsar la implementación de la ley, como referencia para el resto de la provincia.
-Impulsar la creación y consolidación de los sistemas empresariales agroindustriales municipales.
Otra de las acciones fundamentales, detalló Tapia Fonseca, es garantizar en el plan de la economía 2024 el seguimiento y control a los programas que sustituyen importaciones, los transversales y productivos vinculados a los sistemas alimentarios locales y las potencialidades de cada territorio.
En ese sentido, señaló la necesidad de controlar los planes de siembra y producción diferenciadamente en los municipios más productivos del país, con compromisos de abastecimiento a La Habana y a las cabeceras provinciales.
Asimismo, priorizar dentro de las responsabilidades de los municipios el autoabastecimiento alimentario, la identificación de sus necesidades y capacidades productivas, teniendo en cuenta las demandas nutricionales de la población a alimentar, las cuales deben incluirse en la elaboración del plan de la economía 2024.
Otras estrategias priorizadas son desarrollar plenarias con los productores de los principales programas productivos, perfeccionar el seguimiento a las acciones prioritarias de las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria, transformar y consolidar los sistemas alimentarios locales con sostenibilidad y resiliencia e incrementar las producciones agropecuarias en las empresas estatales, con una atención diferenciada a los 12 polos productivos agropecuarios en funcionamiento y a la incorporación de las nuevas áreas en desarrollo.
El informe presentado a los parlamentarios llamó a identificar los municipios con mayores, medianas y menores capacidades productivas, para su atención diferenciada, según corresponda, y a completar los módulos agropecuarios e incrementar para todas las especies la siembra y producción de alimento animal, incluyendo las plantas forrajeras proteicas.
“Hay experiencias positivas en las producciones de los módulos pecuarios, pero no se generalizan”, señaló el vice primer ministro.
Priorizar la cría de gallinas camperas y semirrústicas en municipios seleccionados, en las comunidades rurales y del Plan Turquino, para elevar la producción de huevos y carne, es una de las urgencias identificadas. A ello se suman el fomento del crecimiento y la atención al ganado menor en los sistemas alimentarios locales.
Atender de manera diferenciada la pesca de plataforma, las comunidades pesqueras y la actividad acuícola; incrementar el control del programa del uso y explotación de la tierra integralmente, utilizando la plataforma geoespacial; identificar tierras ociosas alrededor de las comunidades que permitan incrementar y acercar la producción de alimentos a las mismas e incrementar la creación de autoconsumos y organopónicos en centros laborales y comunidades como parte de los sistemas alimentarios locales son otras de las acciones a desarrollar.
“Hay que atender a los pobladores de las comunidades pesqueras. Esto no se está cumpliendo como está establecido”, alertó Tapia Fonseca.
El documento presentado en el plenario de la ANPP exhortaa a perfeccionar el control de la contratación y el sistema de información estadístico de productos agropecuarios: porciento que contratan las empresas estatales y la contratación de rubros exportables o que sustituyan importaciones; a controlar el funcionamiento estable del proceso de contratación con énfasis en la responsabilidad de empresas, acopiadores y productores y a exigir el cumplimiento del Decreto 35 sobre la comercialización de productos agropecuarios, el control de la producción y sus destinos, así como el monitoreo de precios y del margen de utilidades.
Se menciona, además, la necesidad de comprobar y potenciar la utilización del crédito de comercialización para el pago directo a los productores por las bases productivas y empresas, perfeccionar el control a los proyectos de colaboración internacional, la inversión extranjera y otros financiamientos del sector alimentario, y potenciar los encadenamientos de los actores de la base productiva con la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.
Es preciso –comentó Tapia Fonseca– priorizar las acciones para atender de forma diferenciada los problemas del campo cubano, la atención a las comunidades agropecuarias y pesqueras, asentamientos rurales y de montaña en el Plan Turquino, por parte de los organismos de la Administración Central del Estado y los órganos locales del Poder Popular.
Destacó la importancia de perfeccionar el seguimiento a las fuentes de financiamiento internas identificadas para el sector agroalimentario, con especial énfasis en el análisis de la cartera de préstamo de las entidades del sistema de la agricultura, incluyendo los productores (créditos para la comercialización), la evaluación del impacto de la Banca de Fomento y el cumplimiento de lo que establece la Resolución 600/2022 del Ministro de la Agricultura para facilitar el acceso a los créditos de los colectivos agropecuarios.
Se necesita dar solución a las deudas que tiene el sistema empresarial con productores agropecuarios, incluidas las deudas en MLC por la venta de leche, y consolidar la implementación del pago electrónico a los productores.
“La situación de los impagos a los productores no puede ser el último punto en el chequeo de las reuniones. Esto amerita debate y atención, porque es muy importante”, señaló Tapia Fonseca.
Agregó que “si no atendemos las comunidades rurales, nos vamos a quedar sin gente en el campo”.
Una de las acciones prioritarias es la integración entre los actores del sistema de ciencia e innovación con cada forma productiva y teniente de tierra, en cuanto a la capacitación sobre técnicas agroecológicas y el extensionismo de buenas prácticas de producción, transformación y comercialización de alimentos.
También, el fomento y control de las acciones del sistema de extensión agraria con metas e indicadores, de acuerdo con la política en proceso de aprobación.
Es fundamental trabajar en la creación y consolidación de un mercado mayorista de insumos para los productores agropecuarios de todas las formas de gestión, sistematizar el intercambio de los directivos a todos los niveles con productores y bases productivas, fundamentalmente en visitas a las fincas o en asambleas de cooperativistas y desarrollar programas encaminados a la incorporación de mujeres y jóvenes a la producción de alimentos, en especial a nivel de comunidades.
Tapia Fonseca recalcó que la implementación de la Ley SSAN y de las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria no han logrado aún el impacto deseado en la producción de alimentos.
“La organización de los sistemas alimentarios locales es la solución para alcanzar la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Se requiere desarrollarlos con urgencia, sostenibilidad y resiliencia”, subrayó.
El informe deja claro que los organismos, entidades y órganos locales del Poder Popular deben asumir las responsabilidades que les corresponden jurídicamente, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Los planes anuales de la economía y el inmediato (2024) deben reflejar las potencialidades reales productivas de cada territorio en lo relativo a los procesos de siembra, producción, transformación, contratación y comercialización de alimentos.
Al concluir, Tapia Fonseca recordó la plena vigencia de las palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución, quien afirmó en la clausura de la sesión ordinaria de la séptima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en 2008:
“Primero dijimos que los frijoles eran tan importante como los cañones, y cuando la situación se agravó, llegamos a afirmar que los frijoles eran más importantes que los cañones. Algo similar le sucede en estos momentos al país.”
“No tenemos más tiempo, no queda otra alternativa que sembrar, sembrar, y sembrar”, concluyó.
Hay que hacer una revolución agraria
Tras la presentación del informe, los diputados debatieron sobre las principales insuficiencias en la implementación de la ley de soberanía alimentaria. En el debate se abordaron diversas propuestas e ideas para mejorar la producción y distribución de alimentos en el país.
El diputado Julio Amaury Rodríguez, por Cienfuegos, dijo: “Hay alimentos que no llevan sustento tecnológico y que debemos producirlos. Hay que hacer una revolución agraria y sembrar cada rincón de nuestro país que sea posible".
Denys Sanches Varela, diputado por el municipio de Nueva Paz y presidente de una Cooperativa de producción Agropecuaria (CPA), llamó a aprovechar más los centros científicos para aumentar la producción de la tierra. Para ello, es importante la intersectorialidad y la participación del pueblo. Además, instó a atender y estimular a los jóvenes que trabajan en el campo.
El presidente de la Asamblea Nacional destacó la importancia del pago a los productores y la fuerza de trabajo para mejorar la producción de alimentos en el país.
Por su parte, el diputado por Remedios Rolando Benitez Fernández propuso vincular a los productores usufructuarios con las empresas donde están enclavadas sus tierras para fortalecer la empresa estatal socialista.
Comentó que en su municipio se están dando pasos para el autoabastecimiento, en particular en productos como el ajo y las hortalizas.
Víctor Manuel Montesinos, diputado por Contramaestre, dijo que la empresa estatal socialista tiene autonomía para desarrollarse, aún con los problemas que tiene.
“Tenemos que desarrollar los programas productivos estatales. La empresa donde trabajo, dedicada a la genética, se encarga de abastecer los hospitales del municipio”.
Añadió que, con personas comprometidas, las empresas de la agricultura pueden jugar su papel en la producción de alimentos para la población.
El vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca afirmó que solo resta trabajar, pues las empresas de la agricultura deben dejar de prestar servicios y producir.
Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, afirmó que las empresas deben mejorar las relaciones con los usufructuarios y son responsables del encadenamiento, la ayuda y la producción de esos campesinos.
El diputado Gabriel Fornaris Cruzata destacó la importancia de atender las comunidades rurales para disminuir los flujos migratorios del campo a la ciudad.
En tal sentido, el presidente de la Asamblea Nacional señaló que ese asunto es de competencia de todos los diputados en los 168 municipios del país. (Tomado de Cubadebate)