La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano analizó las medidas y acciones de enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales durante el primer semestre de 2023.
En los análisis, efectuados en la jornada precedente, Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, destacó que las leyes penales aprobadas han dotado a la Fiscalía de herramientas legales que “le permiten el enfrentamiento a la actividad delictiva, con novedosas instituciones y alternativas procesales que posibilitan un mejor resultado”.
Como parte de las precisiones en la política penal y penitenciaria, ha sido prioridad el enfrentamiento a, entre otros, casos de violencia, violencia de género, robo, hechos que afectan las reservas materiales del país previstas para situaciones de desastres; otros relacionados con las drogas ilícitas; hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor; tráfico ilegal de divisas y delitos económicos.
Entre las directivas de trabajo, han estado utilizar con efectividad las medidas cautelares previstas en la ley y, en particular, la prisión provisional, así como identificar las cadenas delictivas.
Según la fiscal general, de 2 112 fiscales previstos, están en funciones 1 673 (79%). Se ha trabajado en la reorganización de esa fuerza –“el 35% de la plantilla se desempeña en los procesos penales”– y en la preparación sistemática y priorizada de esos profesionales.
“Continúa el proceso de perfeccionamiento de los procesos penales, con base en las experiencias en cada territorio”, dijo, e informó que en la primera mitad del año los fiscales realizaron 53 613 controles a procesos penales durante su tramitación (+ 6 028 respecto al primer semestre de 2022).
Igualmente, efectuaron 10 537 entrevistas a imputados para decidir la medida cautelar de prisión provisionales (+ 4 621 en comparación con el primer semestre de 2022) y recibieron concluidos 18 671 procesos penales (+ 3 093).
Entre los principales resultados en el enfrentamiento, mencionó, en cuanto a los términos de tramitación, el 88% de los atestados (procesos que tramita la PNR) concluidos en el plazo legal. Además, fueron concluidas 227 verificaciones fiscales a sectores priorizados y detectadas en ellos más de 1 000 violaciones de la legalidad, con 1 1 120 responsables identificados.
En un momento de gran complejidad en muchos de estos hechos, “la Fiscalía General de la República realizó precisiones a la política penal y penitenciaria, dentro del marco del debido proceso, en el enfrentamiento al delito, mediante el trabajo coordinado con los órganos especializados del Minint”, dijo Peña Ojeda.
Entre las áreas en las que seguir trabajando, destacó mantener la prioridad en el enfrentamiento, la calidad de la investigación penal y la respuesta jurídico-penal en correspondencia con la política del país, y las acciones para el completamiento de la plantilla y la preparación de los fiscales, así como la utilización de los de mayor experiencia en la revisión de la calidad del control de la investigación.
Al intervenir ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, ofreció información sobre el cumplimiento de la política penal y penitenciaria.
Destacó que la Constitución aprobada en 2019 reforzó el régimen de garantías de las personas naturales y jurídicas.
“Nuestro papel es juzgar y tomar decisiones con apego a la Constitución. Hacerlo con base en el debido proceso (trámites que se deben cumplir a lo largo de la investigación y el procesamiento, con garantías para las personas, como el derecho a abogado desde el mismo inicio) y un régimen ampliado de garantías para las personas. Por eso, la fiscal general insistió en el control de la calidad de los procesos”, afirmó Remigio Ferro.
Al abordar el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, en un momento de auge de esas manifestaciones, se refirió a la Instrucción No. 273 de 2022, “Política de rigor ante las conductas más nocivas que afectan a la sociedad y a la población”, emitida por el TSP, y explicó que va dirigida a guiar la política de enfrentamiento y penal en los tribunales, “no solo en el ámbito penal, sino en el laboral y el mercantil, en todos los ámbitos de Justicia”.
Luego de emitida la Instrucción No. 273, “fuimos provincia por provincia, a inicios de 2023, y en reuniones de trabajo explicamos a jueces de todo el país el proyecto. Cuando suben las manifestaciones de ilegalidad, la política judicial debe elevar la severidad y el rigor, no solo en multas, sino en sanciones accesorias y medidas cautelares”.
Entre las prioridades incluidas en esa política de rigor, enumeró la corrupción administrativa, las drogas, los delitos contra la economía nacional; el hurto, robo y sacrificio ilegal de ganado mayor; las actividades especulativas, la evasión de impuestos, el tráfico de divisas, las sustracciones de bienes en centros estatales y viviendas y la violencia de género o familiar.
“No solo el enfrentamiento a la hora de juzgar y aplicar sanciones, sino con medidas cautelares de rigor, preferentemente la de prisión provisional a reincidentes y multirreincidentes y a primarios comisores de hechos de gran lesividad social”, señaló.
Otros elementos de la Instrucción No. 273 son la prioridad en la tramitación de casos relacionados con esas prioridades; el rigor en las sanciones y en la combinación de sanciones principales y accesorias, y la severidad en la concesión de beneficios de excarcelación anticipada, previendo el cumplimiento de al menos dos tercios de la sanción impuesta.
“En esta política de rigor individualizamos, porque no es a rajatabla para todos. No es una política ciega. Hay que analizar caso por caso, quiénes son esas personas, cuáles son sus circunstancias”, comentó.
Entre los delitos de mayor impacto en la radicación (los que llegan a los tribunales), mencionó los de robo con fuerza en las cosas, robo con violencia e intimidación en las personas, tráfico de drogas, especulación y actividad económica ilícita.
Hasta el cierre de junio, de 1 078 controles solicitados al TSP, se mantuvo la medida cautelar de prisión provisional al 87.8% de los imputados.
“Se cumple, en sentido general, la política de sanciones. Al 69.4% de los sancionados se les impusieron penas que implican internamiento; al 21.5%, sanciones alternativas, y al 9.1%, multas”, precisó.
Igualmente, se impusieron decomisos, confiscación de bienes, prohibición de acercamiento a las víctimas y otras medidas.
Entre otros datos, se conoció que, con base en casos llegados a los tribunales: 1 273 personas fueron juzgadas por sacrificio ilegal de ganado, con sanciones (encierro, alternativas, multas) para 1 226; delitos asociados a las drogas: 360 juzgados y 352 sancionados, el 91% con encierro; malversación, 249 juzgados y 234 sancionados, el 71% con encierro; delitos contra el patrimonio (robo, hurto): 4 666 juzgados y 4 487 sancionados, el 73.4% con encierro; actividad económica ilícita: 52 juzgados y 48 sancionados, el 46% con encierro, y especulación y acaparamiento: 154 juzgados y 147 sancionados, el 35% con encierro.
En cuanto al control de sancionados que extinguen sanciones en libertad, informó que se ejecutaron ejercicios de control en abril y mayo en los cuales fueron visitados 32 570 (92.8%) de los casos. De ellos, 30 488 (93.6%) cumplían sus obligaciones y 2 082 (6.4%) fueron evaluados de regular o mal.
En esta actividad –explicó el presidente del TSP– cooperan la PNR, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública y Educación, entre otros, así como instituciones y organizaciones de masas.
“Hay una actividad sistemática para controlar el comportamiento de estas personas en sus comunidades, en el seno de sus familias y en centros laborales. Tiene que ser una actividad integral y se realiza desde hace 20 años. Hay talleres con organismos involucrados a nivel de municipios y provincias, que en ocasiones incluyen a los propios sancionados, y también se realiza un taller nacional”, dijo.
Ministra de Comercio Interior informa sobre el enfrentamiento a las ilegalidades en el sector
Durante los análisis previos al primer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura, la Comisión de Atención a los Servicios analizó el cumplimiento de las directivas vinculadas al enfrentamiento al delito, las ilegalidades y las manifestaciones de corrupción en entidades del Mincin.
Las operaciones de lucha contra coleros, las regulaciones para la comercialización de productos en la red de tiendas en CUP y MLC, y el establecimiento progresivo del pago por los canales electrónicos, son algunas de las directivas aprobadas en el sector, dijo la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez.
Indicó que de enero a mayo del 2023 han ocurrido 985 hechos extraordinarios en la operación puerto-transporte-conomía interna (OPTEI), 245 menos en relación con igual periodo del año anterior. Consideró que, aunque es importante la disminución, está dada también porque han llegado menos barcos a los puertos.
“Al cierre del mes de mayo se reporta la ocurrencia de 361 hechos delictivos asociados a robos con fuerza en bodegas. Los productos más afectados son arroz, frijoles, leche en polvo, café, aceite vegetal refinado, azúcares, jabones y cigarro”, precisó.
Luis Enrique Llópiz Rodabal, diputado por Sancti Spíritus, dijo que en el recorrido por el territorio se analizaron las incidencias negativas que tienen para la economía y la población los hechos de robos en las bodegas. Los productos sustraídos con mayor frecuencia en estos delitos son el arroz y el azúcar, dada su demanda en el mercado informal.
Las acciones de control que se están realizando no tienen el efecto que la población necesita, indicó durante el debate la diputada por la provincia de Camagüey Lurdelis Cárdenas Jiménez, quien alertó de que existen fallas en el control interno.
La población –dijo– tiene la concepción de que cuando se sanciona a un administrativo por hechos de corrupción o delitos estamos “moviendo el problema de lugar”, pues la persona sancionada es trasladada a otro puesto y esa es la medida que se adopta ante algunas indisciplinas.
La ministra de Comercio Interior señaló que el fraccionamiento en la entrega de los productos en las bodegas pertenecientes a la canasta familiar normada, como es el caso del arroz, ha provocado el aumento de su precio en el mercado informal, llegando hasta los 200 pesos la libra.
En el caso de La Habana, la ministra explicó que dada la vigilancia y el control se ha logrado disminuir en 30 709 las tarjetas temporales otorgadas en la provincia para la compra de los productos seleccionados.
“Esto se debe a los análisis exhaustivos, donde se identificaron núcleos con doble consumo o tarjetas repetidas. De esta forma se ha podido redireccionar mayor volumen de producto a otros territorios.” (Tomado de Cubadebate)