El 24 de octubre de 1960, el primer ministro del Gobierno Revolucionario cubano, Fidel Castro, firmó la Ley 851 de Defensa de la Economía Nacional, Resolución No. 3, para la nacionalización de 166 empresas y firmas de Estados Unidos.
La decisión se tomó como respuesta
a las primeras acciones de bloqueo económico, comercial y financiero de EE. UU.
contra el país antillano, que incluía la reducción de la cuota azucarera.
¡(…) le iremos quitando central
por central! ¡y le iremos quitando, centavo a centavo, hasta la última
inversión de norteamericanos en Cuba!, exclamó el líder revolucionario.
De esa forma, quedaron
expropiadas las tiendas Ten Cents, Sears, las empresas el Molino Harinero
Burrus, Fundición Mcfarlane, la Firestone, la Goodrich, CanadaDry, Coca Cola,
Minimax, el Ekloh, Abbot, Squibb, el Ferrocarril de Hershey y otras.
Desde entonces, el Gobierno
estadounidense presenta aquella primera acción de La Habana como una decisión
que conllevó a la ruptura de las relaciones entre ambos países.
La Casa Blanca no
reconoce como legítimas esas nacionalizaciones ni las siguientes, por lo cual
se niega a negociar el tema y las indemnizaciones propuestas por Cuba, ajustadas
al derecho internacional.
Mientras desplegaban una
sarta de mentiras para justificar su postura imperial, sus planes secretos sobrepasaban
con creces las primeras acciones económicas.
Vale recordar que, mucho
antes, el presidente Dwight Eisenhower aprobó, el 16 de marzo de 1960, el Programa de Acción Encubierta contra el
Régimen de Castro, que incluía operaciones de inteligencia, bloqueo
económico, planes terroristas, de subversión, de propaganda y, finalmente,
agresión directa.
Fueron aquellas las
mayores y más completas operaciones encubiertas que organizó Estados Unidos contra
otro país en tiempo de paz, y reflejaban la desesperación y la frustración de
la clase política del vecino del Norte, que no pudo resignarse a perder su
control sobre Cuba, al considerarla destinada a convertirse en un garito
regenteado por la mafia estadounidense, con la complicidad de la dictadura de
Fulgencio Batista.
Pero no se pudieron calificar
de formales a los promotores de ese inicial programa contra Cuba, ya que, antes de su aprobación, en la práctica realizaban
sabotajes en las ciudades, quema de cañaverales, alzamientos y atentados
terroristas, como el ocurrido el 4 de marzo de ese año, con la voladura del
vapor La Coubre, que traía armas y municiones adquiridas en Bélgica, lo
cual fue interpretado por la dirección cubana como un preludio de las
agresiones armadas.
Puede afirmarse que la
definición más exacta de esa criminal política contra la antilla Mayor, inalterable
hasta el presente, se había enunciado en el memorando del subsecretario de
Estado, Lester D. Mallory, del 6 de abril de 1960 y desclasificado en la década
de 1990, en el que explicaba:
La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales… hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno.
Han pasado 63 años desde la emisión de la Ley 851 de Defensa de la Economía Nacional, con la que Cuba enfrentó las primeras acciones agresivas del poderoso vecino y, desde entonces, la estrategia del imperio nada ha cambiado y sigue apostando a quebrar, con el bloqueo, la unidad de la sociedad y fomentar procesos subversivos, en un esfuerzo condenado al fracaso frente a la decisión del pueblo cubano, que ha sabido defender y mantener las conquistas de la Revolución. (Redacción digital. Con información de la ACN)