El Consejo de Estado de
la República de Cuba, en sesión ordinaria encabezada por su presidente, Esteban
Lazo Hernández, aprobó dos nuevos decretos leyes.
Se trata de los textos Del
Régimen Especial de Seguridad Social del Sector Agropecuario y Forestal
y Del
Régimen Laboral Especial de las Personas Privadas de Libertad que trabajan
dentro o fuera de los Establecimientos Penitenciarios.
El primero amplía la
cobertura de la protección por la seguridad social al sector agropecuario y
forestal, mediante un régimen especial único, de carácter contributivo, que
cubre, de manera coherente y uniforme, todas las contingencias que reconoce el
régimen general de seguridad social vigente en el país, precisa el sitio web de
la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba.
“Tiene el objetivo de agrupar, en
un solo cuerpo legal, a todos los sujetos del sector agropecuario y forestal,
protegiendo a aquellos que no reciben los beneficios del régimen especial de la
seguridad social, ampliando la cobertura de los riesgos y homologando el
tratamiento con el sector estatal”, señaló Marta Elena Feitó Cabrera,
ministra de Trabajo y Seguridad Social.
El segundo decreto ley “regula
la relación jurídica de trabajo que se establece entre la persona privada de
libertad apta y en disposición de trabajar y la autoridad penitenciaria, para
el desarrollo de una prestación laboral subordinada por cuenta ajena y
remunerada. Se aplica también a los que cumplen medida cautelar de prisión
provisional en el sistema penitenciario cubano, y se excluyen las actividades
que forman parte del proceso educativo en el establecimiento penitenciario”,
recoge la norma.
La agenda también examinó
las medidas aprobadas como resultado del ejercicio de la más alta fiscalización
al Ministerio de Energía y Minas, desarrollado por el Parlamento de enero a
junio de 2022, que derivó en 13 recomendaciones asociadas al cumplimiento de
sus funciones estatales y políticas públicas.
El Consejo de Estado
también analizó la marcha de la implementación del Código de las Familias y la
actividad de la atención a la población.
Asimismo, aprobó la propuesta de control y fiscalización al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en el primer trimestre de 2024, por las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular. (Redacción digital)