Una comisión integrada por la viceministra de Justicia Pilar Alicia Varona Estrada y varios diputados del Parlamento cubano realizaron un recorrido de inspección por varias instalaciones del sector en La Habana.
El periplo por la capital cubana incluyó al municipio de San Miguel del Padrón, donde se inspeccionaron el Palacio de Matrimonios, la Notaría y la oficina de Antecedentes Penales y Actos de Última Voluntad.
La comisión además de visitar la Unidad Notarial municipal de El Cotorro, recorrió el Registro Civil y el Registro de la Propiedad en el reparto Camilo Cienfuegos, del municipio de La Habana del Este.
Por otro lado, en el pueblo ultramarino de Casablanca, del municipio de Regla, la más alta fiscalización de la Asamblea Nacional del Poder Popular visitó la Dirección Municipal de Justicia, la extensión de legalización de Transconsul, y la oficina notarial y registral.
Durante las visitas se constataron buenos ambientes en la
prestación de servicios a la población.
Además, los miembros de la comisión escucharon criterios sólidos y valoraciones
de los colectivos de trabajadores sobre el funcionamiento del sistema de
justicia. En concordancia con lo dispuesto por el Artículo 108, inciso q), de
la Constitución de la República del año 2019, la ANPP inició la más alta
fiscalización de los órganos del Estado, en esta ocasión, al Ministerio de
Justicia.
Esta se ejerce a solicitud del Presidente de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular y los diputados, y se aprueba previamente por la ANPP.
Su realización impactará en la calidad de los servicios jurídicos que presta el Ministerio de Justicia, reconocerá aciertos y se pronunciará por erradicar las dificultades que aún subsisten.
Tal y como también está establecido, al finalizar la más alta fiscalización al Ministerio de Justicia, las comisiones presentarán ante el presidente de la Asamblea Nacional un informe que recogerá los datos más importantes, los resultados de las entrevistas y encuestas a la población, directivos, funcionarios y empleados, e incluirá además los dictámenes y opiniones de especialistas en estas esferas mencionadas.
Corresponderá al presidente, de conjunto con las máximas autoridades de los órganos del Estado fiscalizados y las comisiones de la Asamblea Nacional correspondientes, analizar a posteriori los resultados y valorar las medidas a adoptar.
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(con información de Carlos Manuel Serpa - Tribuna de La Habana)
JCDT