Los criterios de uno y otro lado son diversos. Odalis, de 35 años, residente en El Vedado, expone que las tarifas no han sido acatadas por la mayoría de los transportistas privados, quienes mantienen los precios anteriores, o han disminuido el costo de los servicios, pero no a las cifras acordadas con el Gobierno de La Habana. La joven se refiere, además, a formas inadecuadas o malos tratos asumidos por los conductores a raíz de la medida.
"La resolución era muy necesaria, con una intención de ayudar al pueblo. Sin embargo, debido a eso ha disminuido el número de choferes en servicio. En muchas ocasiones, los pocos que se mantienen no paran o reducen la distancia de la ruta habitual, por tanto, en un final, continuamos afectados", aseguró Mariana, de 42 años, residente en Centro Habana.
La experiencia de Mercedes, de 19 años, quien vive en Alamar, ha sido diferente, pues afirma que ha disfrutado de los servicios ofrecidos por los taxistas no estatales con los costos establecidos. No obstante, señala la diferencia de los precios en las jornadas nocturnas, cuando aún continúan bastante elevados, incluso en tramos cortos.
Según la Resolución 132 de la gobernadora provincial del Poder Popular de La Habana, "para la conformación de las nuevas tarifas se tuvo en cuenta la Resolución 240 del 2020, que establece los precios de este servicio, vigentes hasta el momento, el chequeo del comportamiento de los precios de los trabajadores por cuenta propia vinculados a la transportación de pasajeros durante 2022 y los primeros meses del presente año; así como la confección de una ficha de costo con todos los elementos indispensables por concepto de gasto".
Los nuevos precios aprobados por el Gobierno de La Habana son de aplicación general a estos trabajadores por cuenta propia desde las 05:00 hasta las 21:00 horas. Fuera de ese horario, destaca la Resolución, las tarifas serán por acuerdo entre cliente y transportista (oferta y demanda),
Sobre el tema opinó Rafael, de 49 años, residente en el reparto Camilo Cienfuegos: "El problema no solo recae en si los conductores cumplen o no con la resolución, o si deben ser más controlados sus comportamientos. También está en esos clientes que siguen pagando los 150 o 200 pesos, pues su objetivo es llegar al destino, lo cual es entendible debido al calor, la desesperación... pero perjudican a los demás. De esa forma continuamos incitando a esos altos precios".
Mientras, Esteban, de 59 años, residente en Playa, resalta un punto importante: las regulaciones han logrado controlar un poco las tarifas, pero las gazellas continúan "multando" sus precios, al igual que los conductores estatales encargados de cooperar en las paradas, quienes cobran por su servicio. "Las medidas para penalizar esas actitudes negativas deben incrementarse, así como su control, de lo contrario no estamos resolviendo nada", agregó.
Al indagar con la población si conocía la posibilidad de realizar denuncias ante las situaciones descritas, algunos dijeron que no y en otros estaba la predisposición porque "nada va a cambiar o no vale la pena". Los inspectores con los cuales este diario intercambió señalaron que tampoco habían recibido ninguna queja por los nuevos precios, "ahora, que no haya sucedido es otra cosa", como dijo Lázaro Fernández, inspector en el barrio capitalino de Alamar.
Los conductores dicen
En la capital se trata de cubrir, por todos los medios de transporte, una demanda de transportación diaria de 600 000 pasajeros. De ellos, 536 052 son movidos por operadores estatales (89.3%), mientras que 63 948 se trasladan por otras formas de gestión (10.7%). Actualmente están definidas 46 rutas de transportación de pasajeros operadas por porteadores privados, con una distancia media de 11.6 kilómetros aproximadamente.
Según la Resolución 132, la propuesta de nuevos precios fue concertada con la mayoría de los titulares que poseen licencia de operación de transporte en cada uno de sus territorios, para establecer un equilibrio de precios entre ellos y los clientes habituales, de forma tal que fuese factible para ambas partes. Si eso sucedió así, ¿por qué no se cumple lo establecido?
Los conductores con quienes conversó este diario dieron fe de ese intercambio con las autoridades, e incluso de las opiniones que afloraron, muchas de las cuales compartieron con este reportero. Miguel, conductor habitual en el viaje desde G y 23 hasta Micro X, en Alamar, argumenta la urgencia de una mayor comprensión con respecto a los taxistas no estatales, quienes tienen las mismas dificultades de otros cubanos para satisfacer sus necesidades básicas.
"Las personas solamente se enfocan en sus prioridades, sin pensar en que nosotros también tenemos situaciones por atender. En mi caso particular tengo dos hijos, mis padres ya están jubilados, mi esposa ahora mismo no está trabajando por cuestiones médicas... eso es necesario tenerlo en cuenta también, un poco de empatía", agregó.
Por su parte, Eduardo, quien opera en la ruta desde la terminal de Playa hasta el Vedado, aludió a los enormes gastos implicados en el mantenimiento de los vehículos, el precio de las piezas de repuesto y la situación existente con el combustible.
"Entiendo perfectamente la respuesta de las personas y el escenario económico actual del país, pero los precios que manteníamos no eran suficientes para adquirir los recursos básicos con los cuales realizamos nuestro trabajo", recalcó.
Para Ángel, transportista de la ruta desde La Cuevita hasta el Parque de la Fraternidad, el trabajo del taxista implica dificultades, como el resto de las labores: difíciles condiciones climáticas, cansancio físico, jornadas nocturnas… Según él, no ha incumplido las tarifas, y pide a los pasajeros tener una conducta adecuada cada vez que abordan el ómnibus.
Lauger Medina Suárez, director general provincial de Transporte de La Habana, explicó recientemente que para realizar la ficha de costo se tuvieron en cuenta los gastos en que incurren los transportistas en su jornada, como alimentación, mantenimiento, piezas de repuesto, impuestos a abonar y otros.
También aclaró que las nuevas medidas se refieren exclusivamente a los trasportistas privados, conocidos como boteros. No incluyen las gazellas, los servicios de taxi, ni las cooperativas 1 y 2, que también pertenecen al Ministerio de Transporte.
La nueva resolución dejó claro también que una vez establecidas las nuevas tarifas, se reforzarán las acciones de enfrentamiento y control en la vía por parte de los órganos competentes, y se aplicará a los choferes que sean detectados violando los precios el Decreto 30 de 2021. En el caso de los que ejercen la actividad de manera ilegal, se actuará con mayor rigor, a tenor del Decreto 45 del 2021.
Los ajustes realizados, como cualquier otra transformación con impacto social en el país —más aún si tenemos en cuenta la compleja situación económica vigente y las problemáticas diarias asociadas a la transportación de pasajeros— han causado una gran variedad de opiniones, reacciones y comportamientos.
La posible solución pasa también por disminuir el egoísmo y las miradas individuales, para aumentar las acciones concretas a favor de todos, y que ese "mejor es posible" no quede en meras palabras, porque el término prosperidad debe constituir un factor alcanzable, no una eterna utopía.
(Tomado de Juventud Rebelde)