En amplia agenda legislativa, la Asamblea del Poder Popular del municipio de La Lisa abordó temas críticos para el desarrollo socioeconómico de esta demarcación habanera.
Entre ellos, el análisis y aprobación del Plan de la
Economía para 2026, la liquidación del presupuesto del año anterior y las
modificaciones presupuestarias para el curso actual, la rendición de cuenta del
Consejo de la Administración Municipal sobre su gestión en el 2025 y la
evaluación del desempeño de los cuadros principales del municipio.
De igual forma, se presentó el balance anual sobre la
prevención y el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y las indisciplinas
sociales en el territorio, y se aprobó la Ordenanza Municipal sobre el
"Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos", entre otros asuntos de
interés territorial.
En su informe de la rendición de cuenca ante la asamblea,
el Consejo de la Administración enfatizó el control estatal y la lucha contra
la corrupción, destacando un incremento del 10.2% en las acciones de
enfrentamiento al delito y las indisciplinas sociales.
En cumplimiento del Decreto Presidencial 942, se ejecutó
una estrategia integral de fiscalización que priorizó la protección de los
recursos públicos y el ordenamiento económico, lo que favoreció la realización
de 20 656 acciones de control.
Se impusieron 22 442 multas, con una recaudación total de
52 586 905 pesos, y, de esa cifra, la gestión de cobro mostró una eficiencia
del 80, 9 por ciento, destinando el recaudo a fortalecer el presupuesto social.
El informe detalla una respuesta enérgica frente a hechos
graves de corrupción y desvío de recursos, con 53 medidas disciplinarias,
incluyendo 9 separaciones definitivas del cargo.
Entre los casos más críticos destacan, en Comercio, el
faltante de sal en el "Mercado Ideal Gran Caribe" por un valor
superior a los 3 millones de pesos.
En los sectores de la Salud y Educación, las acciones
punitivas estuvieron dirigidas a enfrentar la acreditación excesiva de salarios
en el Policlínico "Pulido Humarán" y medidas tras robos de recursos
presupuestarios en centros educativos.
También se enfrentaron delitos en el sector de la Economía,
al desarticular un esquema de desvío de fondos en nóminas que superaba los
674,000 pesos.
Respecto a la prevención del delito y las ilegalidades,
durante el pasado año se ejecutaron 107 operativos conjuntos para enfrentar el
tráfico de estupefacientes y manifestaciones violentas.
En el ámbito agrícola y territorial, se erradicaron 567
ilegalidades constructivas. A pesar de estos enfrentamientos, la administración
reconoció los retos que implica el déficit del 64.7% en la plantilla de
inspectores y cuerpos de seguridad, lo que generó acciones para el
completamiento de plantillas en sectores estratégicos.
El gobierno de La Lisa identificó como zonas de vigilancia
priorizadas en barrios de los Consejos
Populares de Versalles-Coronela, San Agustín y Cano-Valle Grande y Bello 26
especialmente por los delitos de robo.
El tema que más debatieron los delegados, con exhaustivas
críticas, fue el de la bancarización en el territorio, al exponerse las brechas
existentes entre las estadísticas oficiales y la realidad cotidiana que
enfrentan los ciudadanos, especialmente los sectores más vulnerables.
Los delegados cuestionaron con dureza los datos presentados
al cierre de 2025, los cuales aseguraban un avance sostenido en la transición
digital, sin embargo, la realidad que se vive en los primeros meses del 2026
contradice dichas cifras.
Las dificultades extremas para el cobro de salarios y la
parálisis de servicios básicos demuestran que la implementación ha fallado en
su ejecución práctica, dejando a la población en un estado de indefensión
financiera para el cobro de salario, el impacto en los servicios, la situación
de los jubilados, los problemas de corrupción e indisciplina, la extorsión y
sobornos.
En este escenario, los delegados no solo diagnosticaron los
problemas, sino que lanzaron propuestas administrativas audaces para mitigar el
impacto en el corto plazo.
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(Leonel José Pérez Peña – Radio COCO)
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