La intervención se implementará prioritariamente en el Consejo Popular de Campo Florido, donde se ubican cinco fincas beneficiarias pertenecientes a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Agustín Marrero, la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Desembarco del Granma, la Unidad Empresarial de Base (UEB) Victoria de Girón y el colectivo de abonos orgánicos de la Empresa Agropecuaria Bacuranao.
Este proyecto, explicó Marina Echave, responsable de proyectos de colaboración de la organización no gubernamental española Justicia Alimentaria, que se emprende junto a la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), nació como respuesta integral a los desafíos estructurales que enfrentan las fincas agropecuarias del municipio de La Habana del Este, un territorio marcado por una profunda crisis energética, necesidades alimentarias, deterioro del tejido agroproductivo, efectos del cambio climático y desigualdades de género.
Al valorar las alternativas para la intervención, se escogió una estrategia integrada que articula tres ejes interdependientes. Por un lado, la incorporación de tecnologías limpias y fuentes renovables de energía, buscando reducir el uso de combustibles fósiles, disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y aumentar la eficiencia de los procesos agropecuarios.
Por otra parte, contempla la promoción de prácticas productivas resilientes y sostenibles frente al cambio climático, para consolidar una estrategia de economía circular que reutiliza los recursos locales y reduce la dependencia de insumos externos, así como la formación, visibilización y articulación de actores para garantizar la sostenibilidad de la intervención y la inserción del enfoque de género en todas nuestras acciones, favoreciendo la replicabilidad y el aprendizaje colectivo. La opción seleccionada se justifica porque permite generar condiciones estructurales para avanzar hacia un sistema agroalimentario eficiente, justo, autosuficiente y culturalmente arraigado.
De este modo, a partir de un diagnóstico participativo, se plantea una intervención que combina transición energética, economía circular, agroecología y empoderamiento comunitario, con especial énfasis en el protagonismo de las mujeres rurales.
Entonces, la mirada es mucho más abarcadora: a la introducción de biodigestores, calentadores solares y sistemas fotovoltaicos, se integran prácticas agroecológicas y de economía circular, como el aprovechamiento de residuos orgánicos para generar biofertilizantes y biogás, mejorando la productividad, reduciendo impactos ambientales y avanzando hacia la soberanía alimentaria.
Impulsar cambios
El proyecto propone como primer resultado clave apoyar la inserción de FRE en fincas seleccionadas, promoviendo su autonomía energética mediante instalaciones concretas, formación técnica y asesoramiento. En segundo lugar, promueve estrategias de economía circular y adaptación al cambio climático a través del uso de bioinsumos, reforestación, gestión de residuos y diversificación productiva con enfoque agroecológico.
Un tercer resultado de esta iniciativa de cooperación internacional busca socializar y difundir experiencias, sistematizar aprendizajes y visibilizar los logros del proyecto a nivel territorial y nacional para facilitar tanto su replicabilidad como su escalabilidad.
Además, se contempla la creación del Movimiento de Usuarios del Biogás (MUB), red liderada por Cubasolar que fortalecerá el mantenimiento colaborativo de los sistemas instalados y su continuidad a largo plazo.
La estrategia incorpora planes de sostenibilidad por finca, mesas de gobernanza intersectorial y mecanismos de seguimiento conjunto entre autoridades, productores y técnicos, garantizando la apropiación institucional, el control social y la continuidad del modelo.
Con el proyecto, se persigue reforzar también la equidad de género mediante la capacitación en liderazgo transformador, economía feminista y promoción de iniciativas productivas lideradas por mujeres, así como su participación en espacios nacionales e internacionales.
Se estima que el proyecto beneficiará directamente a 695 personas, entre quienes producen, realizan acciones técnicas, cooperativistas y trabajadores, de las cuales 356 son mujeres. A su vez, se calcula que impactará indirectamente a más de 178 000 habitantes del municipio Habana del Este, especialmente a los 10 042 residentes del Consejo Popular de Campo Florido, promoviendo el acceso a alimentos sanos, sostenibles y culturalmente apropiados.
Esta iniciativa, precisó, se enmarca en la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SSAN), el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático-Tarea Vida y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2.4, 5.5, 7.2 y 13.1, alineados con las prioridades sectoriales y geográficas de la Cooperación Española en Cuba.
Según destacó Echave, la participación de las personas en el taller de inicio denota el compromiso y la motivación que existe entre las personas beneficiarias, con el apoyo de actores locales: el gobierno de La Habana del Este, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), el Grupo Empresarial Ganadero (Gegan) y el donante, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
(Con información de Tribuna de La Habana)
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